El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó un proyecto de ley para derogar una serie de decretos y resoluciones del Gobierno nacional que modificaron el esquema de subsidios energéticos y, en particular, afectaron a los usuarios residenciales de gas. La iniciativa propone restablecer la plena vigencia del Decreto 332/2022 y de programas de protección tarifaria como la Tarifa Social Federal de Gas y el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).

El texto legislativo plantea la derogación de los decretos 465/2024 y 943/2025, así como de la Resolución 101/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y de toda otra norma o acto administrativo que, como consecuencia de esas disposiciones, haya afectado los derechos de los usuarios. Según el autor del proyecto, las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo implicaron una regresión en materia de protección social y dejaron expuestos a amplios sectores de la población a aumentos tarifarios incompatibles con su realidad económica.

En los fundamentos, Mango sostiene que la discusión no es meramente técnica ni administrativa, sino profundamente política: “Lo que está en debate es si la energía debe ser tratada exclusivamente como una mercancía sometida a la lógica del mercado o si el Estado debe intervenir para garantizar condiciones mínimas de acceso a un servicio esencial”. En ese sentido, remarca que el gas no es un consumo prescindible, sino un insumo básico para la vida cotidiana, especialmente en regiones de bajas temperaturas.

El proyecto pone un énfasis particular en la situación de la Patagonia y de las zonas frías del país, donde el consumo de gas está directamente vinculado a la calefacción de los hogares, la habitabilidad y la protección de la salud durante gran parte del año. Por ese motivo, la iniciativa establece que, en la implementación de las políticas restablecidas, la autoridad de aplicación deberá atender especialmente las condiciones geográficas, climáticas, socioeconómicas y de dispersión territorial de esas regiones, a fin de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Entre las herramientas que se busca recuperar figura la Tarifa Social Federal de Gas, creada y reglamentada a través de resoluciones dictadas entre 2016 y 2023, y el Programa Hogares con Garrafa, destinado a asistir a familias que no cuentan con acceso al gas por red. También se propone restituir el esquema de segmentación por niveles de ingresos previsto en el Decreto 332/2022, que introducía criterios de diferenciación distributiva para evitar que los aumentos tarifarios impactaran de manera desproporcionada en los sectores de ingresos bajos y medios.

Mango advierte que la eliminación o el debilitamiento de estos instrumentos no puede analizarse en abstracto, sino en función de su impacto concreto sobre jubilados, trabajadores, familias, pequeños comercios y economías regionales. “Los regímenes diferenciales no son privilegios, sino mecanismos de compensación frente a desigualdades objetivas”, señala el diputado en los fundamentos, donde también cuestiona la aplicación de criterios uniformes en un país con marcadas asimetrías territoriales.

El proyecto se inscribe en una preocupación que ya tuvo expresión parlamentaria en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, legisladores de Unión por la Patria impulsaron iniciativas similares para revertir el nuevo esquema de subsidios, mientras que en Diputados se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el impacto de las medidas, especialmente en la región patagónica.

Con esta iniciativa, el legislador busca reinstalar el debate sobre el rol del Estado en la garantía del acceso a la energía y plantea que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse a costa de deteriorar derechos básicos ni de trasladar el peso principal del ajuste a los hogares más vulnerables. “Garantizar el acceso a la energía en condiciones razonables es una cuestión de justicia social, equidad territorial y federalismo real”, concluye el texto.