La obra social de los jubilados restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos tras un fallo judicial a instancias del diputado Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU.
El PAMI oficializó una nueva resolución que restituye y amplía la cobertura del 100% en medicamentos, luego de un amparo impulsado por el diputado Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU, cuya ejecución fue finalmente acatada por las autoridades nacionales tras una fuerte intimación judicial y el avance de una causa penal en la Justicia Federal de Tucumán.
El conflicto se originó por las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 de la actual gestión del organismo, que imponían restricciones patrimoniales y trámites adicionales a los jubilados para acceder a la cobertura gratuita. Aunque el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ordenó retrotraer esas medidas, PAMI demoró su cumplimiento, lo que agudizó el conflicto.
“Este es un gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía”, afirmó el diputado Carlos Cisneros.
A raíz de las dilaciones del organismo, la disputa se trasladó al fuero penal. La querella, patrocinada por el doctor Juan Andrés Robles, y el dictamen del fiscal federal subrogante, doctor Agustín Chit, solicitaron la indagatoria del titular nacional de PAMI, Esteban Leguízamo, y del responsable de la UGL Tucumán, Ernesto Iramain, por desobediencia judicial e incumplimiento de deberes. La causa tomó impulso con la intervención del juez federal José Manuel Díaz Vélez, mientras que la Cámara Federal de Apelaciones desempeñó un rol decisivo para desarticular las restricciones aplicadas por el organismo y garantizar el derecho a la salud.
Frente a la inminencia de sanciones, Leguízamo presentó un “acuerdo de reparación integral”, y el PAMI emitió la Resolución RESOL‑2026‑428‑INSSJP‑DE#INSSJP, ya vigente tras su publicación oficial.
Los principales cambios
Restitución y mejora de la cobertura:
Se establecieron nuevos criterios para otorgar el 100% por razones sociales, ampliando el vademécum gratuito y eliminando barreras burocráticas que dificultaban el acceso.
Aplicación inmediata y obligatoria:
La Dirección Ejecutiva envío un memorándum interno con carácter urgente a todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país, ordenando la implementación inmediata de la nueva normativa.
Desde el entorno de la querella destacan que este fallo sienta un precedente institucional, demostrando cómo la intervención judicial y la determinación política pueden frenar ajustes que afectan directamente a los jubilados y garantizar derechos esenciales.