En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, representantes del oficialismo utilizaron las redes sociales para fijar posición sobre la efeméride, con mensajes que pusieron el foco en la necesidad de una “memoria completa”, cuestionaron la utilización del pasado con fines políticos y ratificaron una condena a la violencia como método de acción política.

La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que, a medio siglo del golpe, la Argentina atraviesa “el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos” cuando, a su criterio, se trató de “un uso del pasado con fines cortoplacistas”. En un mensaje crítico, advirtió que el país es hoy “más injusto y desigual que el de aquellos años” y que “la unidad nacional es una quimera”, mientras el pasado “doloroso” es utilizado como herramienta de disputa en el presente por “políticos sin imaginación ni patriotismo”.

En la misma línea de condena a la violencia, la senadora Patricia Bullrich afirmó que “hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas”. A 50 años del golpe, remarcó que “la democracia y la República son la base sobre la que se construye todo” y consideró que defenderlas constituye “una obligación”.

Por su parte, el senador Joaquín Benegas Lynch desarrolló un extenso mensaje centrado en la consigna de “historia y memoria completa” para “no repetirla nunca más”. Allí planteó que la violencia política en la Argentina no comenzó en 1976, sino en la década del 60, con el surgimiento de organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, y ubicó el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, como el punto en que esa violencia se volvió “sistemática y organizada”. Rechazó la idea de los “jóvenes idealistas” y describió a esas organizaciones como grupos que eligieron “matar, secuestrar y extorsionar” para imponer el miedo.

En su reconstrucción, recordó también la creación de la Triple A durante el gobierno de Juan Domingo Perón como una respuesta de “violencia ilegal” desde el propio Estado, y describió el período 1974-1975 como una espiral de atentados, asesinatos, desapariciones y crisis política que desembocó en el golpe de 1976. Sobre la dictadura, afirmó que no hubo una guerra convencional y que, por esa razón, el Estado tenía “aún más responsabilidad”, pero eligió “el peor camino”: el terrorismo de Estado. Si bien mencionó las 8.961 desapariciones documentadas por la CONADEP, sostuvo que “no se justifica ni una sola desaparición” y llamó a rechazar tanto la “romantización de la violencia guerrillera” como la “justificación del terrorismo de Estado”.

El diputado Bertie Benegas Lynch también se expresó en términos tajantes. “Una memoria que selecciona lo que recuerda, también elige lo que decide olvidar”, escribió, y sostuvo que “una verdad a medias es una mentira completa”. En su mensaje negó la existencia de un “terrorismo bueno” por motivos idealistas y reclamó una “verdad completa” sobre los hechos de violencia política previos al golpe.

Los pronunciamientos del oficialismo marcaron así una posición común en el aniversario del 24 de marzo, con énfasis en una lectura integral de la historia reciente, la condena de todas las formas de violencia política y el cuestionamiento a los enfoques parciales sobre el pasado.