En el marco del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo plural de diputados presentó un proyecto de declaración para reafirmar el compromiso del Congreso con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica, y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Mónica Frade y cuenta con la firma de su compañero de bancada Maximiliano Ferraro, junto a Esteban Paulón, José Núñez, Andrea Freites, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Yedlin, Sergio Capozzi, Natalia de la Sota, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Jorge Rizzotti y Alejandra Torres, en una señal de amplio respaldo político y transversal.

El proyecto propone que la Cámara de Diputados reafirme, a cincuenta años del golpe cívico-militar y empresarial de 1976, su compromiso irrestricto con la defensa de la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica del pueblo argentino. En ese marco, plantea rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y ratificar la política de Memoria, Verdad y Justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático.

En los fundamentos, Frade recuerda que el golpe del 24 de marzo de 1976 instauró un régimen de facto que desplegó un aparato clandestino de represión caracterizado por secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niños nacidos en cautiverio. Señala que estas prácticas, por su carácter sistemático y planificado, fueron calificadas por la justicia argentina y por tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad.

El texto subraya que la reconstrucción de esos hechos no se apoya únicamente en testimonios o interpretaciones historiográficas, sino en una sólida documentación que incluye el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los juicios a las juntas militares y los centenares de procesos judiciales que se desarrollaron desde la reapertura de las causas, estableciendo responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante la dictadura.

La autora destaca que, desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina fue construyendo un consenso político y social de relevancia internacional en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo de Estado y a la obligación del Estado de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, sin amnistías ni mecanismos de impunidad. Ese consenso, señala, convirtió al país en una referencia mundial en materia de derechos humanos.

El proyecto también advierte sobre la persistencia y reaparición en el debate público de discursos que relativizan o distorsionan la naturaleza del terrorismo de Estado, en particular aquellos que intentan reinstalar la denominada “teoría de los dos demonios”. Según se sostiene en los fundamentos, esa interpretación desconoce la asimetría entre la violencia ejercida por el Estado y la de actores no estatales, y diluye la responsabilidad específica que le corresponde al aparato estatal cuando utiliza su poder para perseguir y eliminar a sus propios ciudadanos.

En ese sentido, el texto remarca que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, controla los recursos públicos y dispone de las fuerzas armadas y de seguridad, por lo que no resulta jurídicamente ni políticamente válido equiparar su accionar represivo con el de organizaciones armadas. La calificación de los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, sostiene el proyecto, no es retórica ni ideológica, sino una categoría jurídica precisa con consecuencias concretas.

La iniciativa también pone el foco en el carácter permanente de delitos como la desaparición forzada, cuyo daño se prolonga en el tiempo mientras no se conozca el destino final de las víctimas ni se restituyan plenamente sus derechos. En ese marco, se cuestiona el silencio persistente de muchos de los responsables del terrorismo de Estado, que aún hoy se niegan a aportar información clave para el esclarecimiento de los crímenes.

Finalmente, el proyecto sostiene que, a medio siglo del golpe de 1976, reafirmar la política de Memoria, Verdad y Justicia no constituye un ejercicio del pasado, sino una condición necesaria para la vigencia plena de la democracia en el presente. Por ese motivo, Frade solicita el acompañamiento de sus pares para aprobar una declaración que ratifique ese compromiso y rinda homenaje a quienes fueron víctimas del período más trágico de la historia reciente del país.