El Senado de la Nación aprobó la semana pasada, sobre tablas y con amplio consenso político, un proyecto de declaración que reafirma el compromiso permanente del Congreso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro y contó con el acompañamiento de legisladores de todos los partidos, entre ellos Maximiliano Abad, José María Carambia, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Martín Soria, Daniel Bensusán, Jesús Rejal, Mariano Recalde, Lucía Corpacci y María Florencia López. También firmaron el proyecto Anabel Fernández Sagasti, José Emilio Neder, Fernando Salino, María Celeste Giménez Navarro, Sandra Mendoza, Ana Marks, Carlos Linares, Guillermo Andrada, Juliana di Tullio, José Mayans, Alejandra Vigo, Carolina Moisés y María Teresa González.

El texto aprobado declara el compromiso del Senado con el consenso democrático construido por la sociedad argentina desde 1983 y lo expresa, de manera textual, en “el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”.

En los fundamentos, los senadores recuerdan que el golpe de 1976 interrumpió el orden constitucional, disolvió el Congreso, prohibió la actividad política, sindical y estudiantil, censuró la prensa y aplicó un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de argentinos y argentinas. El proyecto señala de manera expresa que el terrorismo de Estado dejó como saldo “treinta mil personas desaparecidas”, además de la apropiación de niños nacidos en cautiverio, miles de personas detenidas por razones políticas y cerca de medio millón de exiliados.

La resolución pone en valor el camino recorrido por la democracia argentina desde 1983, destacando el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP y la posterior reapertura de los procesos judiciales tras la anulación de las leyes de impunidad. En ese marco, se resalta que la Argentina desarrolló una experiencia prácticamente inédita a nivel internacional, al investigar y juzgar los crímenes de la dictadura “a través de la justicia ordinaria y dentro del propio sistema institucional del Estado de Derecho”.

El texto también reivindica el rol de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de amplios sectores de la sociedad civil, que sostuvieron la lucha por la memoria y la justicia incluso en los años en que prevaleció la impunidad. Ese proceso, señala el proyecto, permitió que la Argentina sea hoy una referencia mundial en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, la declaración subraya la necesidad de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones y advierte sobre los riesgos de los discursos que relativizan o niegan el terrorismo de Estado. En ese sentido, reafirma un principio central del sistema democrático: “en democracia el adversario político nunca es un enemigo”, y sostiene que los conflictos deben resolverse con más debate y participación, nunca con violencia.

Finalmente, el Senado expresa que conmemorar los cincuenta años del golpe implica sostener la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el compromiso de que esos hechos no vuelvan a repetirse “Nunca Más”, reafirmando que la Memoria, la Verdad y la Justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares irrenunciables de la vida democrática argentina.