Un proyecto de ley reingresó en la Legislatura bonaerense con el objetivo de ampliar las atribuciones del Defensor del Pueblo, incorporando herramientas que le permitan avanzar con mayor eficacia en su gestión.
La iniciativa, propiciada por el senador de UP Marcelo Feliú, propone modificar artículos clave de la Ley 13.834, que regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el fin de reforzar su capacidad de intervención frente a denuncias contra organismos públicos y prestadores de servicios.
En concreto, el proyecto de Ley establece la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda citar de manera “obligatoria a funcionarios, particulares, testigos o denunciantes cuando considere que su presencia resulta fundamental para esclarecer los hechos investigados”. De esta manera, se busca garantizar el acceso a información relevante y evitar dilaciones en los procesos.
Asimismo, la propuesta fija la obligación de colaboración para todos los organismos públicos y personas físicas o jurídicas, tanto del ámbito público como privado, especialmente aquellas vinculadas a la prestación de servicios públicos. En ese marco, se indica que deberán responder con carácter preferente a los requerimientos del organismo.
Otro de los puntos centrales del texto apunta a sancionar las conductas que obstaculicen las investigaciones.
En ese sentido, se establece que quienes se nieguen a brindar información, impidan el acceso a documentación o no concurran a las citaciones podrán incurrir en el delito de desobediencia, conforme lo establece el Código Penal, sin perjuicio de posibles sanciones administrativas o acciones judiciales.
En los fundamentos, el senador Feliú remarca que el Defensor del Pueblo debe contar con “plena autonomía funcional y política”, y que su rol resulta clave para “supervisar el accionar de la administración pública y garantizar los derechos de los ciudadanos”.
En esa línea, se argumenta que la posibilidad de requerir la presencia personal de los involucrados permitirá mejorar la calidad de las investigaciones y brindar “respuestas más eficientes” a los reclamos de la ciudadanía.
El proyecto de Ley, además, registra un extraño antecedente legislativo, ya que fue aprobado, a lo largo del tiempo, en distintas oportunidades, en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense, aunque no logró ser sancionado.