Con gran puntualidad, la Cámara de Diputados dio inicio este miércoles a las 10 de la mañana a la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. La actividad se desarrolló en la Sala 2 del Anexo C y fue transmitida por los canales oficiales del cuerpo, con acceso para la prensa acreditada.

La convocatoria fue realizada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025. El cronograma prevé también una segunda jornada este jueves, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital.

Estaba previsto que expusieran 196 de los más de 102 mil inscriptos, lo cual llevó a un reproche permanente de los críticos con que no pudieran hablar todos en la audiencia pública. Por eso, cuando a las 20.51 se anunciara el final de la jornada, no podía esperarse otra cosa que el estallido de los presentes. El titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, dio por concluida la jornada y le pasó la posta a su colega Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, que, ante las reacciones adversas, pidió paciencia y luego pidió por seis personas inscriptas para exponer. Aclaró que los nombrados -no estaban presentes todos- podrían hablar… pero ya no ante la audiencia, sino que grabarían un video con lo que quisieran decir y serían subidos los mismos a la plataforma correspondiente.

“La audiencia pública ha terminado -aclaró Mayoraz, entre gritos-. Graben en esta cámara el video que les vamos a subir. Al resto les ofrecemos fijarnos si estaban en el listado”.

La diputada de UP Sabrina Selva aclaró que quienes querían exponer tenían pulseras y habían sido agregados a un listado. “Usted dio su palabra de que iban a participar de la audiencia… Entiendo que no quiera que hablen, pero…”.

La diputada Lucía Cámpora también se puso al frente de las protestas y Mayoraz insistió en que la asamblea había terminado. “No lo decide usted”, le advirtió, aclarando que las personas tenían derecho a participar, pero insistió en que solo lo harían a través del video que se grabaría. Y dijo que las cintas solo los habilitaba a pasar, no a tomar parte de la audiencia pública. Esas personas ya estaban instaladas en sus lugares, y quien iba a hablar preguntó si tenían transmisión. En rigor, la misma había concluido, pero el canal Diputados TV seguía transmitiendo. Aunque eso duró breves instantes y finalmente esa transmisión también se cortó.

Bien temprano, en el inicio de la sesión, el propio Nicolás Mayoraz, había sido el encargado de dar detalles de cómo sería la audiencia, aclarando que la modalidad de participación se circunscribía a lo que establece el Acuerdo de Escazú, que exige que en los procedimientos legislativos que involucran cuestiones ambientales, se les dé participación a la ciudadanía.

En ese marco, advirtió una particularidad de Escazú: a diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, no se exige un interés relevante en la participación. Esto es: “Dice la ciudadanía –explicó-, con lo cual, cualquier ciudadano puede participar. Eso llevó a que nosotros no estableciéramos una restricción en la participación, y de hecho se anotaron ciudadanos comunes, que no representan a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones ambientales, ni algunos que pudieran acreditar un interés directo o específico sobre el tema”.

Mayoraz precisó que se había establecido la realización de dos jornadas públicas, una presencial y otra virtual, como así también la participación por escrito de quienes quieren llevar su voz a través de un video, o expresando por escrito la posición a través de un documento de no más de 10 páginas de extensión.

“Todo eso va a formar parte del expediente y van a tener igual tratamiento y consideración de los diputados”, añadió el presidente de Asuntos Constitucionales, que puntualizó que “aquellos que creen que la audiencia pública es la única manera que tienen para que los diputados los escuchen, están en un error. Todos pueden ver después todo el material. Todas las exposiciones van a formar parte del expediente”.

Luego Mayoraz se refirió a la impugnación presentada por diputados, la cual dijo que estaba dándosele curso y “será resuelta por los canales administrativos que correspondan”. En cuanto a las presentaciones judiciales, aclaró que “han sido todas rechazadas”.

Sobre el final anunció que la duración no tendría ya el límite de las 19 horas, como se había previsto, sino que se extendería lo necesario para que las casi 200 personas previstas para exponer este miércoles, y anunció que cada exposición se extendería 4 minutos, no 5 como se había previsto primero, lo cual generó el estallido de protestas. “El tiempo es finito -argumentó Mayoraz-. El reglamento nos permite extender el tiempo… Igualmente pueden, si se quedaron sin tiempo, mandar por escrito la ponencia o subir un video al canal oficial de YouTube.

El primer desbande

No llevaba una hora la audiencia cuando la misma se desmadró. Acababa de hablar César Rolando Flores, artesano orfebre, en representación de la organización Resistencia Diaguita, quien concluyó su enfático discurso advirtiendo que “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”. Con ese clima encendido, un grupo de diputadas de Unión por la Patria se acercó al estrado donde estaban las autoridades para plantearles que había un grupo de personas que no podían ingresar. Encabezadas por Paula Penacca, llegaron Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Sabrina Selva. “Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora”, aclaró José Peluc.

“No pueden cortar la audiencia, la llamo al orden”, insistió el presidente de Recursos Naturales ante los planteos de Penacca, quien se dio vuelta y comenzó a explicarle a los presentes lo que sucedía, lo que fue reprendido por Peluc: “Estamos en la audiencia pública, usted no la va a ordenar, el presidente de la comisión soy yo”.

Llegó Mario Manrique, ya se habían agregado a los conciliábulos, por parte del oficialismo, Silvana Giudici y Alvaro Martínez. Finalmente llegaron a un acuerdo y se decidió que Mayoraz fuera con las diputadas a arreglar la situación. “Pero váyanse con Mayoraz, no se queden acá”, reclamó Peluc, que tras largos intentos pudo lograr que se reanudara la audiencia: “después de esta falta de respeto, le pido por favor, Marta Maffei, hacer su intervención”.

Las exposiciones

El primer orador de la audiencia de este miércoles fue Marcelo Arteaga, petrolero de Chubut, quien reclamó: "Esto no es una audiencia pública como corresponde, somos más de 100 mil los que queremos hablar". "Soy de Comodoro Rivadavia, donde buscando agua encontraron petróleo, se llevaron todo el petróleo, nos dejaron el pasivo ambiental. Hoy hay deslizamiento de tierras", resaltó y agregó que "los únicos dos arroyos están contaminados".

"El pueblo los va a recordar y los va a juzgar", apuntó contra los legisladores y advirtió que "hoy el litro de agua cuesta más que el combustible; en mi pueblo, de 7 días, 4 tenemos agua. Y que no se nos rompa el acueducto...". "¡El agua es vida, el agua es vida, el agua es vida!", cerró.

Luego fue el turno de algunos funcionarios provinciales, como la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, quien manifestó la postura en contra de su provincia a la reforma la ley. En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Emilio Fernández, que alentó la modificación.

En medio de una mayoría en contra del proyecto, se escuchó entre los primeros expositores al ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, exintegrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. "La ley es defectuosa, no coincide con lo asesorado por el IANIGLA", aseguró y dijo que "el ambiente periglacial está mal definido en la ley, directamente no está definido, es abstracto jurídicamente".

"El IANIGLA viene inventariando glaciares en el ambiente glaciar y glaciares de escombro en el ambiente periglacial, no otra cosa que no tiene función hídrica", precisó y recordó que desde la sanción de la ley, en 2010, "solo se llevó a cabo el nivel I del Inventario, que en realidad es el único necesario". Sobre el inventario, señaló que "está muy bien hecho, con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar. Y debe ser revisado por los habitantes, por los que están en las provincias".

Rolando Flores, de Resistencia Diaguita, oriundo de Andalgalá (Catamarca), comenzó: "400 años de saqueo en nuestro territorio para que nos den cuatro minutos. O sea, un minuto por 100 años". "Nosotros conocíamos la minería y realizábamos nuestro trabajo como ofrenda para nuestros dioses. En cambio, ustedes, buscan los minerales para entregarlos al único dios que reconocen ustedes, que es el capitalismo", manifestó.

Y continuó: "Nosotros venimos a decirles que ustedes, que representan el Estado nacional, que elaboran leyes que no respetan ni cumplen. Así fue con la Ley de Glaciares". "Hay elementos técnicos y científicos de sobra para cuestionar la modificación de la ley", aseveró y finalizó alertando que "pueden dictar las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar".

Autora de la ley original, la exdiputada Marta Maffei tuvo una fuerte exposición en contra del proyecto, el cual definió como "absolutamente regresivo". Pocos minutos después habló Adolfo Pérez Esquivel, referente de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, quien dijo que él visitó países "que no tienen agua" y donde "el agua vale más que el oro".

"El agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo", advirtió y recordó que en nuestro país ya "hay zonas donde el agua está restringida". Tras quejarse de la participación limitada ante la gran cantidad de inscriptos, subrayó que "esta convocatoria viola lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú" y la legislación que garantiza la voz de los pueblos indígenas.

Pérez Esquivel insistió que "lo que está en juego es que los pueblos indígenas puedan preservar su cultura", al tiempo que denunció una "presión del gobierno de los Estados Unidos de imponer esta ley". "Hay una violación sistemática del derecho del pueblo, por favor piensen cuando voten qué votan", finalizó.

A su turno, Juan Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que este formato de audiencia pública "no respeta" los principios de "participación abierta, inclusiva, no discriminatoria y transparente" el Acuerdo de Escazú. "Es una audiencia un poco fraudulenta", añadió.

Sobre el proyecto, argumentó que "es claramente inconstitucional, regresivo y hasta diría yo un poco engañoso". "Cuando esto se ponga en marcha ya no va a haber presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad, porque las provincias van a poder establecer lo que les parezca", manifestó y señaló que "el federalismo bien entendido comienza por respetar la Constitución Nacional, no por violarla flagrantemente".

Para Nápoli, "este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población". "La única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacar se van a presentar los cientos de miles que quedaron afuera", enfatizó y concluyó: "La Ley de Glaciares no necesita ni modificarse, ni interpretarse, necesita ser cumplida".

En su intervención el director de Greenpeace Argentina, Diego Salas, alertó que “lo que está en juego acá es el agua”, y cuestionó los argumentos que el oficialismo “se agarra” para defender la modificación de la Ley de Glaciares. En ese sentido, indicó que el Gobierno “se agarra del federalismo, pero la Ley es el claro ejemplo y producto del federalismo que nació en este recinto que fue elaborada tras un año de debate. Es un ejemplo de protección en el país”.

“Las provincias puede ser dueñas y pueden tener potestad de los cuerpos de hielo, pero el recurso del agua es del país porque atraviesa muchas provincias los ríos de las cuales viven más de 7 millones de personas. Economías regionales y ecosistemas únicos necesitan del agua del ambiente glaciar y del periglaciar. No hay federalismo más grande que respetar la Ley de Glaciares que asegura las reservas de agua dulce estratégicas”, planteó y apuntó: “Quieren pasar un criterio científico a un criterio político”.

Salas también hizo referencia a la relevancia hídrica: “Todo ambiente periglaciar es igual de importante que cualquier otro ambiente periglaciar que está en juego. No darle la importancia a cada uno de los ambientes es no entender que esto funciona como un sistema integrado, no podemos permitir que esta modificación sea de un criterio político porque es retroceso ambiental, eso es inconstitucional”.

La exsenadora nacional Eugenia Catalfamo indicó que el Estado “no puede bajo ningún aspecto tomar decisiones estratégicas si no tiene formación, ni conocimiento, ni responsabilidad intergeneracional”, y señaló que “no hay bandera política cuando se trata de algo que es transversal a cada uno y va más allá como poder preservar el ambiente”.

Como autora de la Ley Yolanda comentó que habla de la capacitación y formación en materia ambiental, en cambio climático y desarrollo sostenible para todos los agentes de la administración pública nacional y preguntó: “¿Cuántos de ustedes han sido formados en el marco de la Ley Yolanda desde el 2023? ¿De qué manera pretenden poder legislar en materia ambiental si no están formados ni capacitados?”. Por último, bregó para que en Diputados no suceda lo mismo que en el Senado: "Espero que le digan no a la modificación de la Ley de Glaciares porque nos va a perjudicar. Por favor piensen hacia adelante, esto no tiene nada que ver con el desarrollo si no hay preservación ambiental".