Ante versiones sobre una reunión informativa restringida a provincias mineras, el diputado de la Coalición Cívica reclamó que el Congreso convoque también a los gobernadores de las jurisdicciones cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas.
En medio del debate parlamentario por las modificaciones impulsadas respecto del régimen de protección de glaciares, el diputado Maximiliano Ferraro solicitó formalmente a las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que se amplíe la convocatoria a gobernadores provinciales en una eventual reunión informativa sobre el tema.
El planteo surgió luego de versiones periodísticas y trascendidos en el ámbito legislativo que daban cuenta de la posibilidad de convocar únicamente a gobernadores de provincias mineras y cordilleranas. Frente a ese escenario, Ferraro advirtió que una eventual reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial podría tener impactos que exceden a esas jurisdicciones.
En una nota dirigida a los presidentes de ambas comisiones, el legislador argumentó que existen provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de cambios en el régimen vigente, aun cuando no cuenten con territorios directamente vinculados a zonas glaciares. Por ese motivo, reclamó que se garantice una participación más amplia y representativa en el debate.
Ferraro fundamentó su pedido en los principios de federalismo, participación y equidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en la lógica de los sistemas hídricos compartidos. Señaló que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la regulación y provisión de agua que abastece a amplias regiones del país, generando interdependencias que, a su criterio, deben ser consideradas en la toma de decisiones legislativas.
El diputado también subrayó la necesidad de que las exposiciones de los gobernadores estén acompañadas por funcionarios competentes en materia de recursos hídricos y ambiente de cada jurisdicción, con el objetivo de aportar sustento técnico y especializado al análisis parlamentario.
Según sostuvo, una convocatoria amplia y técnicamente fundamentada no solo fortalecería el carácter federal del proceso legislativo, sino que además contribuiría a mejorar la calidad institucional del debate y a garantizar decisiones debidamente informadas sobre una temática de fuerte impacto ambiental, productivo y social.