Luego de conocerse el fallo, el diputado Fabián Luayza cuestionó la reacción de Milei por sus críticas hacia Axel Kicillof y Cristina Kirchner.
Tras el fallo por el caso de YPF, el diputado sostuvo que "defender los intereses nacionales debería ser algo que unifique a toda la clase política".
Para el legislador provincial del bloque Nuevos Aires, la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que deja sin efecto la condena millonaria contra la Argentina, no solo representa un alivio económico, sino también una validación del accionar del Estado, “hace justicia y, sobre todo, cuida los activos nacionales”, destacó.
En detalle, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que en el fallo en primera instancia de 2024 se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un planteo esgrimido por la defensa del Estado argentino durante las últimas gestiones.
Desde la Oficina del Presidente calificaron el fallo como un “hito jurídico sin precedentes en la historia nacional”, al tiempo que cuestionaron las “decisiones populistas e intervencionistas” adoptadas por el gobierno kirchnerista en 2012.
Posteriormente, el legislador Luayza apuntó contra el presidente Javier Milei por haber reaccionado con críticas hacia el gobernador Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de destacar el resultado favorable para el país, “en vez de festejar que no se tengan que pagar USD 16 mil millones, el Presidente prefiere insultar y quedarse en el juego político chiquito”, lanzó.
Asimismo, el diputado sostuvo que el fallo debería haber generado una reacción unificada de la dirigencia política, al tratarse de un tema que involucra recursos estratégicos. “Proteger los intereses nacionales tendría que ser un punto de acuerdo, pero lamentablemente no sucede”, advirtió.
Fabián Luayza también interpretó que la postura del Gobierno nacional responde a una lógica de confrontación permanente.
Según planteó, el oficialismo busca “echarle la culpa al otro o cambiar la agenda” en un contexto que definió como adverso, en lugar de asumir una posición institucional frente a un fallo que beneficia a la Argentina.
Por último, destacó que la decisión judicial retoma uno de los argumentos centrales de la defensa argentina al señalar que la sentencia anterior había interpretado de manera incorrecta la legislación local, lo que, según afirmó, termina reforzando la legitimidad de la expropiación realizada en 2012.