La diputada nacional Marcela Pagano presentó un ambicioso proyecto de ley para reformar de manera integral el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el objetivo de reorientar la investigación pública hacia la productividad de la economía real, la resolución de problemas estratégicos y la generación de valor agregado. La iniciativa, que rebautiza el enfoque del organismo bajo la lógica de un “CONICET Productivo”, plantea un cambio profundo en los incentivos, el financiamiento y la cultura institucional del sistema científico argentino.

El texto parte de un diagnóstico crítico: si bien el CONICET es uno de los organismos científicos más prestigiosos de América Latina, existe una brecha persistente entre la producción académica y su impacto económico y social. Según Pagano, el modelo vigente prioriza casi exclusivamente la publicación científica, mientras subvalora la transferencia tecnológica, las patentes y la creación de empresas surgidas de la investigación pública.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del sistema de evaluación de los investigadores. La iniciativa establece una nueva matriz que combina producción científica, transferencia tecnológica, impacto productivo, formación de recursos humanos y vinculación institucional. En áreas consideradas estratégicas —como biotecnología, energía, inteligencia artificial, minería del litio o tecnología nuclear—, al menos el 35% de la evaluación deberá estar vinculada directamente al impacto productivo y tecnológico. Además, se crean dos trayectorias de carrera equivalentes: una académica y otra orientada a la transferencia, con posibilidad de transición entre ambas sin pérdida de categoría ni salario.

El proyecto también introduce evaluaciones institucionales quinquenales con consecuencias reales. Los institutos del CONICET serán clasificados según su desempeño y aquellos con resultados insuficientes reiterados podrán ser reestructurados, fusionados o incluso cerrados, garantizando la reubicación de los investigadores con evaluaciones individuales satisfactorias. Los indicadores incluyen ingresos por transferencia, patentes, contratos con el sector productivo, creación de spin-offs y generación de empleo.

En materia de financiamiento, la propuesta incorpora la llamada “fórmula Fraunhofer”, inspirada en el modelo alemán: por cada peso que un instituto genere a través de contratos de transferencia tecnológica, el Estado aportará un financiamiento adicional. A la vez, se crea un Fondo Competitivo entre Institutos (FOCOIN), que concentrará el 15% del presupuesto del CONICET y se asignará exclusivamente por concurso, con cláusulas de extinción automática (“kill clause”) para proyectos que no logren validación productiva en plazos determinados.

Otro punto clave es la apertura del ecosistema científico a nuevos actores privados y mixtos. El proyecto habilita la acreditación de Centros de I+D Asociados, que podrán competir por fondos en igualdad de condiciones, y crea un fondo de capital de riesgo público-privado (CONICET Venture) destinado a financiar startups surgidas del sistema científico. Además, se establecen incentivos fiscales para empresas que contraten investigación con el CONICET o incorporen doctores a su plantel.

La iniciativa también avanza sobre la gobernanza del organismo. El Directorio del CONICET deberá incorporar al menos tres miembros del sector productivo, uno de los cuales ocupará una vicepresidencia, y se crea un Consejo Asesor Industrial con representantes empresariales. Los directores de institutos deberán firmar contratos de gestión con metas cuantificables y podrán ser removidos si no cumplen con los objetivos fijados.

En un capítulo particularmente sensible, el proyecto consagra el “deber funcional de transferencia” para los investigadores y penaliza la negativa sistemática a participar en procesos de vinculación productiva, sin que ello implique —según el texto— un menoscabo de la libertad de investigación ni de la investigación básica.

Finalmente, la propuesta incluye una cláusula de revisión extrema: si a los cinco años la reforma no demuestra mejoras en al menos el 60% de los indicadores previstos, se habilita la escisión del CONICET en dos organismos separados, uno académico y otro productivo, que competirían entre sí por presupuesto.

Con fuerte impronta meritocrática y empresarial, el proyecto de Pagano se apoya en modelos internacionales como Fraunhofer (Alemania), Catapult (Reino Unido) e Israel Innovation Authority, y promete abrir un debate profundo sobre el rol del Estado, la ciencia pública y su articulación con el desarrollo económico. Su tratamiento anticipa una discusión intensa tanto en el Congreso como dentro de la comunidad científica.