La diputada nacional Karen Reichardt presentó un proyecto de ley que propone modificar la denominación del feriado nacional del 24 de marzo, actualmente conocido como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La iniciativa no altera ni la fecha ni la condición de feriado nacional, pero incorpora el término “Justicia Completa” al nombre oficial de la conmemoración.

El proyecto modifica el artículo 1° de la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales, y mantiene intacto el calendario vigente. La fecha del 24 de marzo continúa siendo un feriado nacional inamovible, en el marco de la recordación del golpe de Estado de 1976, pero con una redefinición simbólica del modo en que el Estado nombra esa efeméride.

En los fundamentos, Reichardt sostiene que la denominación de un feriado no es una cuestión meramente formal, sino una forma en la que el Estado fija una interpretación histórica y simbólica de los hechos que marcaron a la Nación. En ese sentido, considera necesario revisar la forma en que se nombra el 24 de marzo para que refleje “con mayor precisión, equilibrio y verdad” el acontecimiento que se conmemora.

Según detalla la diputada, la propuesta no busca desconocer la importancia histórica del hecho ni relativizar su gravedad, sino revisar su denominación para evitar interpretaciones que, a su entender, pueden resultar parciales o sesgadas. El objetivo declarado es promover una memoria común basada en una comprensión más amplia y compleja de la historia reciente.

“La visión de la historia no puede ocultar hechos ni imponer relatos únicos”, señala el texto de los fundamentos, que plantea la necesidad de honrar a todas las víctimas y de abordar los procesos históricos desde una perspectiva plural, especialmente en una sociedad democrática. En esa línea, Reichardt afirma que el proyecto apunta a fortalecer una memoria que no excluya miradas ni reduzca los acontecimientos a una única interpretación.

El proyecto se limita a una modificación puntual de la denominación, sin introducir cambios en el contenido de la ley ni en el régimen de feriados. Desde el punto de vista formal, no altera derechos adquiridos ni el descanso obligatorio, pero sí introduce un cambio con alta carga simbólica que anticipa un debate político y cultural significativo en el Congreso.

La iniciativa se inscribe en un contexto de discusiones más amplias sobre la política de memoria, verdad y justicia, y sobre el modo en que el Estado interpreta y transmite su historia reciente. Su tratamiento legislativo promete generar un intenso intercambio entre oficialismo y oposición, dado el peso político y social que tiene el 24 de marzo en la Argentina.