La senadora de Unión por la Patria, Amira Curi, presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer el sistema público de salud mediante la creación de guardias de urgencia en salud mental en hospitales, priorizando la cercanía, la accesibilidad y el enfoque de derechos.

La iniciativa tiene como eje central la creación y distribución territorial de estos dispositivos, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan acceder a atención inmediata ante situaciones críticas vinculadas a padecimientos de salud mental o consumos problemáticos.

Entre los fundamentos, la senadora de La Matanza señala que “las dificultades en el acceso a la atención en salud mental siguen siendo una problemática estructural, especialmente en territorios alejados de los grandes centros urbanos”.

En ese marco, la creación de nuevas guardias y la reorganización de las existentes buscan reducir desigualdades y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público.

En este sentido, el proyecto propone organizar las guardias según criterios de densidad poblacional y distancias geográficas.

Para las regiones con menor cantidad de habitantes, se establece que la guardia no deberá encontrarse a más de 100 kilómetros, mientras que en zonas más pobladas se prevé la creación de al menos una guardia cada 500.000 habitantes.

Asimismo, se plantea que estos espacios funcionen con equipos interdisciplinarios y bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental y que también incorpore instancias de capacitación para los profesionales de la salud, con una perspectiva centrada en los derechos de las personas.

Según datos del SEDRONAR, incluidos en los fundamentos de la iniciativa, casi tres de cada diez adultos en Argentina han tenido algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida, mientras que el consumo de sustancias psicoactivas creció en los últimos años.

“También nos basamos en el informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que la mitad de estos problemas comienza antes de los 14 años y, en muchos casos, no se detecta ni se trata a tiempo, lo que refuerza la necesidad de ampliar y acercar los dispositivos de atención” explicó la legisladora.

En la ley 26657 el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud en su Artículo 7.