La diputada nacional Karina Banfi presentó un proyecto de ley que propone la remoción de símbolos e imágenes religiosas ubicadas en espacios públicos y edificios pertenecientes al Estado nacional. La iniciativa apunta a reafirmar el carácter laico del Estado argentino y garantizar el pleno ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, en línea con los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.

Según establece el texto, a partir de la promulgación de la ley quedaría prohibida toda exhibición de símbolos religiosos en ámbitos estatales nacionales, con un plazo de 90 días para su remoción. El proyecto contempla excepciones únicamente para aquellos casos en los que las imágenes o símbolos formen parte del lenguaje arquitectónico de los edificios.

En los fundamentos, Banfi sostiene que la presencia de simbología religiosa en espacios públicos “no es representativa de la totalidad de la población” y resulta incompatible con la laicidad del Estado. En ese sentido, señala que la iniciativa busca garantizar un trato igualitario entre los distintos cultos y evitar cualquier forma de discriminación basada en creencias religiosas o convicciones personales.

La diputada remarca que la Argentina es un Estado laico, respetuoso de la diversidad cultural y religiosa, y subraya que el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la libertad de culto y de conciencia. Asimismo, aclara que el artículo 2 de la Carta Magna —que establece que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano— refiere específicamente a un sostenimiento de carácter económico y financiero, sin implicar la adopción de una religión oficial por parte del Estado.

En ese marco, Banfi recuerda que durante la Convención Constituyente de 1853 existieron intentos de consagrar a la Argentina como un Estado confesional, lo que finalmente no fue aprobado. A su vez, destaca que el país adhirió a numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional que promueven la libertad religiosa, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto también cita antecedentes judiciales, como la causa iniciada en 2003 contra la entronización de una imagen religiosa en el Palacio de Tribunales, en la que se argumentó que la exhibición de símbolos de una fe específica podía afectar la percepción de imparcialidad y el principio de igualdad ante la ley.

Finalmente, la iniciativa establece que la autoridad de aplicación será la encargada de definir el destino de los objetos retirados y convoca a los legisladores a acompañar la propuesta como un paso hacia una agenda pública basada en derechos ciudadanos, pluralismo y respeto por la diversidad de creencias.