La senadora salteña sostuvo que este mecanismo, creado mediante la Reforma Laboral, “desfinancia el sistema previsional” y “distorsiona los incentivos en el mercado laboral”.
La senadora nacional Flavia Royón (Primero los Salteños) presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por medio de la Ley de Modernización Laboral, que ella votó a favor, aunque en este capítulo se opuso. La iniciativa cuenta también con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Carolina Moisés (Convicción Federal).
La legisladora salteña consideró que este mecanismo -que apunta a asistir a las empresas para el pago de indemnizaciones- “desfinancia el sistema previsional, distorsiona los incentivos en el mercado laboral y genera un esquema regresivo que termina beneficiando la rotación de personal por sobre el empleo estable”.
El proyecto plantea la derogación integral del Título II de la Ley 27.802, al sostener que el FAL “no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos que hoy sostienen jubilaciones y prestaciones sociales”.
Según los fundamentos de la iniciativa, el esquema implica “una reducción de contribuciones patronales que provocaría una caída estimada de 3,28 billones de pesos en la recaudación, equivalente al 0,32% del PBI, o aproximadamente USD 2.200 millones”.
Royón advirtió que este diseño “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al transformar ese costo en un aporte mensual subsidiado que licúa la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa.
Además, la senadora aliada del oficialismo remarcó que el sistema “termina perjudicando especialmente a las PyMEs y microempresas, ya que los tiempos para reunir fondos suficientes resultan profundamente desiguales según la escala de cada empleador”.
De acuerdo con las simulaciones incorporadas en el proyecto, una microempresa con 10 empleados necesita 6 años y 9 meses para reunir el monto equivalente a la indemnización de un trabajador con 20 años de antigüedad, mientras que una gran empresa puede hacerlo en apenas 2 meses.
“La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, agregó la salteña.