En estos días vuelve a resurgir el concepto de soberanía a partir de situaciones que vivimos los argentinos. Defender la Ley de Glaciares contra el avance de intereses que, de forma arrasadora, intentan modificarla con un fin meramente económico —sin considerar el desarrollo de las comunidades ni el cuidado del medio ambiente— es defender esa soberanía.

Con la mentira, una más de las tantas a las que nos tiene acostumbrados este gobierno, se pretende alterar una ley que protege uno de los recursos más preciados del mundo: el agua potable.

También se nos intentó convencer de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se equivocó al expropiar YPF. Se dijo que recuperarla para los argentinos —cuando estaba en manos de una empresa que la había vaciado— fue un error que comprometió al país con una deuda millonaria. Este presidente se “salía de la vaina” por pagarles, mientras los estudios jurídicos contratados por la gestión anterior sostenían lo contrario: que el acto de expropiación, votado por amplias mayorías en el Congreso, cumplía estrictamente con las leyes de la Constitución Nacional.

Nacionalizar YPF fue un acto de soberanía. Pararse frente a los “buitres” y ante los tribunales norteamericanos para explicar que la Constitución Nacional está por encima del estatuto de una empresa privada, también lo es.

Este 2 de abril volveremos a ratificar nuestra soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, aunque proclamemos a los cuatro vientos que las Malvinas son argentinas, hay que actuar en consecuencia. Este gobierno cambió una estrategia de alianzas que nos había permitido sumar adhesiones en organismos internacionales, destruyendo años de solidaridad y aliándose con países que históricamente han votado en nuestra contra, como Estados Unidos e Israel.

Hace pocos días, en el seno de las Naciones Unidas, la Argentina acompañó el voto de aquellos que no condenan la esclavitud, poniendo en riesgo el apoyo que la Unión Africana ha brindado durante años al reclamo por Malvinas. Toda esa política de alianzas parece desvanecerse ante la errática diplomacia de nuestro país, que se limita a acompañar las decisiones de potencias extranjeras, incluso involucrando a la Argentina en conflictos ajenos.

Discutir el rumbo de esta política es intentar recuperar nuestra autonomía y no estar atados a los vaivenes de líderes externos cuestionados internacionalmente. La soberanía no se declama: se ejerce y se ejecuta. Si perdemos el apoyo de quienes nos han acompañado por décadas, estaremos cada vez más lejos de nuestras islas.

Por eso decimos que la soberanía no puede ser solo una consigna para estampar en remeras o banderas de estadios. La soberanía consiste en tomar decisiones que cuiden a los ciudadanos y permitan el desarrollo de un país con justicia social, pese a algunos estúpidos.