La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores nacionales y dirigentes vinculados al partido de gobierno. La presentación se apoya en información periodística y en datos públicos del Banco Central que dan cuenta de préstamos por montos elevados concedidos a personas con trayectoria reciente en la función pública o con vínculos políticos directos con el oficialismo.

Según detalla la denuncia, a partir del 31 de marzo comenzaron a difundirse listados con nombres y montos de créditos otorgados por el Banco Nación a integrantes del actual esquema de poder político, incluidos funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central, asesores, diputados nacionales y referentes de la llamada “militancia digital” afín al Gobierno. Ese conjunto de operaciones fue caracterizado en distintos medios como un “festival de créditos”, en alusión a la concentración de beneficiarios provenientes del mismo espacio político.

Entre los casos mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; directivos del Banco Central y del BICE; asesores del oficialismo; directores de empresas públicas; y diputados nacionales como Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. También se alude al otorgamiento de un crédito a Sharif Menem, asesor de la Cámara de Diputados y familiar directo de altas autoridades legislativas.

Frade advierte que en varios casos los montos de los préstamos no guardarían relación con la capacidad de repago ni con la estabilidad laboral de los beneficiarios, un criterio central en la normativa bancaria. También señala situaciones en las que créditos habrían sido aprobados luego de rechazos previos en sucursales del interior del país, supuestamente destrabados por intervención de autoridades centrales del banco.

Mónica Frade solicita que se investiguen posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

La denuncia pone el foco, además, en la eventual existencia de una “línea diferencial” de créditos para empleados y funcionarios públicos, reconocida por el propio Banco Nación en un comunicado oficial. Para la legisladora, este esquema podría haber funcionado como un mecanismo previo para facilitar beneficios crediticios a personas vinculadas al poder político, en desmedro de clientes comunes y con riesgo para la integridad financiera y reputacional de la entidad.

En su presentación, Frade solicita que se investiguen posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. También pide que se requieran los legajos crediticios completos de los beneficiarios, las actas de directorio que aprobaron las operaciones y peritajes contables para determinar si existieron condiciones preferenciales o perjuicios económicos para el banco.

“La desproporción entre ingresos y monto de los créditos resulta la primera pista orientativa”, sostiene la denuncia, que plantea la hipótesis de acuerdos irregulares entre solicitantes y autoridades bancarias mediante el relajamiento deliberado de controles. La diputada remarca que el Banco Nación es una institución estratégica que administra fondos públicos y de ahorristas, y que este tipo de prácticas, de confirmarse, podría afectar su solvencia, su reputación y la confianza social en el sistema financiero estatal.

Con esta presentación, la Coalición Cívica busca que la Justicia penal determine si el otorgamiento de los créditos respondió a criterios técnicos objetivos o si, por el contrario, se trató de un uso privilegiado de recursos públicos en beneficio de un sector político determinado.