En el marco de la controversia que estalló esta semana por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a personas relacionadas con el poder, dos diputados nacionales del oficialismo mencionados en la denuncia penal salieron a aclarar su situación. Se trata del tucumano Mariano Campero y del santafesino Alejandro Bongiovanni, quienes respondieron a las acusaciones a través de extensos posteos en la red social X.

Campero negó de plano haberse beneficiado con un “crédito millonario” y calificó esas versiones como “maliciosas”. Afirmó que se trata de un préstamo hipotecario en UVAs, encuadrado en una línea abierta a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos del banco, sin discrecionalidad ni excepcionalidad alguna. Sostuvo además que toda la información vinculada al crédito es pública y verificable.

El diputado explicó que en mayo de 2025 accedió a un crédito hipotecario por 275 millones de pesos para comprar su primera vivienda familiar en la ciudad de Yerba Buena, donde hasta entonces alquilaba junto a su esposa y sus tres hijos. Señaló que, como ocurre con todos los créditos en UVAs, la deuda se actualizó por inflación y hoy asciende a 322 millones de pesos. “Un crédito hipotecario no es un privilegio político, es una deuda que se paga durante 20 o 30 años y con muchísimo esfuerzo”, escribió.

Campero agregó que el trámite para acceder al préstamo comenzó varios meses antes de su otorgamiento, como ocurre habitualmente con este tipo de operaciones, y negó cualquier vínculo entre el crédito y decisiones políticas o legislativas. También dijo agradecer la polémica porque le permite hacer pública la información sobre su patrimonio y subrayó que los funcionarios tienen la obligación de dar explicaciones todas las veces que sea necesario.

Por su parte, Bongiovanni consideró “insólito” que se intente equiparar la toma de una deuda hipotecaria en condiciones generales con un acto delictivo. En su descargo, aseguró que es falso que haya accedido a tasas o plazos preferenciales. Indicó que el crédito fue otorgado bajo las condiciones vigentes a mediados del año pasado —una tasa del 4,5 por ciento— para todos los clientes que perciben sus haberes en el Banco Nación.

El legislador santafesino remarcó que se trata de un crédito en UVAs atado a la inflación mensual y que decidió tomarlo en el contexto del “boom” de préstamos hipotecarios de 2025, ante la expectativa de continuidad del proceso de desinflación. También rechazó versiones que sostenían que había recibido dinero en efectivo o que el crédito hubiera sido un “pago” por una decisión política. “En un crédito hipotecario el banco le paga al vendedor. Vos te quedás con la deuda y con el inmueble. Si no pagás, el banco se queda con la propiedad”, escribió.

Bongiovanni detalló que el trámite se inició en junio del año pasado y que incluyó las etapas habituales de verificación de ingresos, scoring crediticio, tasación del inmueble y escritura, un proceso que llevó varios meses. Indicó que la deuda figura públicamente desde enero porque recién entonces se concretó la escritura y se activó el crédito, del cual ya abonó dos de las 300 cuotas pactadas.

Las aclaraciones públicas de ambos diputados se producen mientras la Justicia analiza la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, que apunta a determinar si el Banco Nación otorgó créditos en condiciones irregulares o con favoritismos a funcionarios, legisladores y personas vinculadas al espacio gobernante. La investigación busca establecer si existieron beneficios indebidos, conflictos de intereses o delitos contra la administración pública en el uso del crédito estatal.