Con la comisión que ahora preside Lilia Lemoine en marcha, legisladores de la oposición presentaron en los últimos días tres ampliaciones de pedidos de juicio político contra el Presidente. Las iniciativas incorporan nuevas acusaciones que van desde el manejo de la política exterior y acuerdos militares, hasta el caso de la criptomoneda $LIBRA y el desfinanciamiento del sistema de discapacidad.
Javier Milei y Mario Lugones, apuntados en estos pedidos de juicio político.
La reactivación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que comenzó a funcionar esta última semana, reactivó también los pedidos de responsabilidad política contra el presidente Javier Milei. En ese marco, el diputado nacional Juan Marino presentó dos ampliaciones de solicitudes de juicio político ya en trámite, mientras que una tercera iniciativa fue impulsada junto a su par Pablo Todero.
El primer proyecto, firmado por Juan Marino y Pablo Todero, solicita iniciar el proceso de juicio político contra Milei y el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, por presunto mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa se centra en el desfinanciamiento y la desatención del sistema de discapacidad, y acusa al Poder Ejecutivo de incumplir leyes nacionales, tratados internacionales y sentencias judiciales. Entre los hechos enumerados se incluyen la suspensión de pensiones no contributivas, la falta de pago a prestadores, la interrupción de tratamientos y el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de decretos y resoluciones cuestionadas judicialmente.
A su vez, Juan Marino presentó una ampliación del pedido de juicio político vinculado al caso de la criptomoneda $LIBRA. En este expediente, el legislador incorpora como nuevos fundamentos el informe final de la Comisión Investigadora creada en la Cámara baja y las revelaciones judiciales y periodísticas conocidas en los primeros meses de 2026. El texto señala la promoción presidencial del token, la presunta existencia de acuerdos económicos con sus impulsores, comunicaciones telefónicas previas y posteriores al hecho y documentación que indicaría pagos millonarios a cambio de la intervención de Milei. Según la presentación, estos elementos agravan las causales de mal desempeño y suman hipótesis de delitos como cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
El tercer proyecto, también impulsado por Juan Marino, amplía otro pedido de juicio político enfocado en la política exterior y de defensa del Gobierno. La iniciativa cuestiona el respaldo institucional del Ejecutivo a acciones militares de Estados Unidos e Israel, las declaraciones públicas del Presidente y de funcionarios que posicionaron a la Argentina como parte beligerante en un conflicto armado, y la firma de acuerdos y compromisos militares sin autorización del Congreso. Además, incluye el alineamiento argentino en foros internacionales y el voto en contra de una resolución de la ONU que condenaba la esclavitud como crimen de lesa humanidad.
Con estas ampliaciones, la Comisión de Juicio Político deberá analizar la admisibilidad de los expedientes y definir si avanza con la etapa investigativa. La presentación simultánea de los tres proyectos, con autores claramente identificados, vuelve a colocar en el centro del debate parlamentario el control político sobre el accionar del Poder Ejecutivo.