Un proyecto presentado por el diputado Guillermo Michel propone frenar de manera temporal el impuesto a los combustibles para reducir el impacto del aumento del precio de la nafta y el gasoil, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo y la falta de distribución de los fondos específicos previstos por ley.
Legisladores del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que busca suspender de forma transitoria el impuesto a los combustibles líquidos, con el objetivo de compensar el incremento del precio en los surtidores y aliviar el impacto sobre consumidores y economías regionales. La iniciativa fue impulsada por el diputado Guillermo Michel y acompañada por varios integrantes de su bancada.
El proyecto plantea suspender hasta el 30 de junio el monto del impuesto fijado para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, una medida que, según sus autores, implicaría una reducción promedio de alrededor de 350 pesos por litro. De acuerdo con el texto, esa rebaja permitiría retrotraer el valor del combustible a niveles previos al reciente conflicto en Medio Oriente.
En los fundamentos, los legisladores -entre los que figuran Victoria Tolosa Paz, Gustavo Bordet, “Pipi” Alí y Kelly Olmos- señalan que el peso de los impuestos en el precio final de la nafta se incrementó de manera significativa durante el último mes, en gran parte por la volatilidad del precio internacional del barril de petróleo. Desde 2024, remarcan, el Gobierno nacional aplicó ajustes mensuales en los tributos fijos sobre los combustibles, lo que derivó en una mayor carga impositiva sobre el consumidor.
El detalle incluido en la iniciativa indica que el Impuesto a los Combustibles Líquidos representa actualmente 345 pesos por litro, lo que equivale al 15,83% del precio final, mientras que el Impuesto a las Emisiones de CO₂ suma otros 21 pesos, cerca del 1% del total. A esos montos se agregan el Impuesto al Valor Agregado y tributos provinciales y municipales, que elevan aún más el costo final en surtidor.
El proyecto también cuestiona el incumplimiento del esquema de distribución previsto por la ley para lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según ese régimen, los fondos deberían destinarse al Tesoro Nacional, al Fondo Nacional de la Vivienda, a las provincias, al sistema previsional y a distintos fideicomisos de infraestructura y compensación del transporte. Sin embargo, los legisladores advierten que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con esa asignación específica, luego de la eliminación de algunos de esos fondos y fideicomisos.
Desde Unión por la Patria sostienen que esta situación se refleja con claridad en los números de la recaudación. En marzo de 2026, los ingresos nacionales crecieron en términos nominales un 31,8%, pero el Impuesto a la Transferencia de Combustibles registró un incremento muy superior, del 78,8%, impulsado por el aumento de la alícuota. A su vez, remarcan que esta suba afecta de manera especial al interior del país, donde los precios de los combustibles suelen ser más altos que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El texto del proyecto incorpora además el impacto del escenario internacional. Los legisladores señalan que el conflicto bélico con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo global, alteraron de manera significativa el mercado energético desde fines de febrero. Ese contexto, advierten, provocó aumentos en los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, con efectos directos sobre las cadenas de suministro a nivel mundial.
Como antecedente, la iniciativa menciona las medidas adoptadas por otros países para amortiguar la suba del precio de los combustibles. Entre ellos, el caso de España, que redujo el IVA al 10%, y el de Chile, donde la empresa estatal ENAP aplicó una baja en el precio de la parafina para estabilizar su valor al público.
En ese marco, los impulsores del proyecto afirman que la suspensión temporal del impuesto a los combustibles constituye una herramienta inmediata para mitigar el impacto del aumento internacional del petróleo, proteger el poder adquisitivo y evitar un mayor encarecimiento de costos para el transporte, la producción y los consumidores en todo el país.