Un proyecto presentado impulsa una modificación del Reglamento interno de la Cámara baja para obligar a que las iniciativas con impacto regulatorio, institucional o tributario incluyan una fundamentación reforzada, con diagnóstico previo, objetivos claros y, cuando corresponda, estimaciones de impacto fiscal.
La diputada nacional Daiana Fernández Molero presentó un proyecto de resolución que propone reformar el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de elevar los estándares de fundamentación de los proyectos legislativos. La iniciativa apunta a mejorar la calidad del debate parlamentario y evitar la sanción de normas sin respaldo técnico, evidencia empírica ni análisis previo de sus consecuencias.
La propuesta establece que todo proyecto de ley o de resolución que implique la creación de programas u organismos públicos, introduzca cambios regulatorios o modifique el régimen tributario nacional deba acompañarse de un anexo obligatorio. Ese anexo deberá contener un diagnóstico del problema que se busca resolver, la identificación de sus causas, un repaso de medidas vigentes vinculadas al tema y una justificación fundada de por qué la iniciativa propuesta resulta superadora frente a otras alternativas posibles.
Además, el texto exige que los proyectos incluyan una descripción clara de los objetivos perseguidos, los instrumentos elegidos para alcanzarlos y una advertencia sobre posibles efectos secundarios, tanto positivos como negativos. En los casos en que la iniciativa tenga impacto en el gasto público, se deberá detallar el costo estimado, la fuente de financiamiento y el universo de potenciales beneficiarios.
Fernández Molero dice que la proliferación de proyectos presentados sin análisis riguroso ni respaldo de datos deriva en leyes ineficaces.
El proyecto también incorpora un componente de transparencia institucional. La Secretaría Parlamentaria deberá publicar y mantener actualizado, dentro del sistema de información legislativa de acceso público, un registro que indique qué iniciativas alcanzadas por la reforma cumplen efectivamente con el nuevo formato de fundamentación. Esa información estará disponible desde el ingreso del proyecto y podrá ser consultada por la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros poderes del Estado.
En los fundamentos, Fernández Molero advierte sobre la proliferación de proyectos presentados sin análisis riguroso ni respaldo de datos, una práctica que, según sostiene, deriva en leyes ineficaces, en el desperdicio de recursos parlamentarios y en un deterioro de la confianza pública en el Congreso. El texto señala que el actual artículo 123 del Reglamento se limita a exigir que los proyectos sean “fundados por escrito”, sin establecer criterios mínimos de calidad, estructura o evidencia.
La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales y recomendaciones de organismos como la OCDE, que promueven el uso de evaluaciones de impacto regulatorio ex ante para mejorar la calidad normativa. A diferencia de esos modelos, que suelen aplicarse a proyectos del Poder Ejecutivo, la reforma propuesta traslada esa exigencia al ámbito parlamentario y pone el foco en la responsabilidad del legislador al momento de presentar una iniciativa.
Según el proyecto, no se trata de crear nuevas estructuras burocráticas ni de obstaculizar la labor legislativa, sino de introducir un estándar mínimo de información que permita debates más informados y decisiones mejor fundamentadas. La propuesta quedó a consideración de la Cámara y se suma al debate sobre cómo fortalecer la producción legislativa y el control de calidad de las normas que se discuten en el Congreso.