El neuquino Pablo Todero presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el alcance real de la fiscalización sobre los depósitos de gas licuado de petróleo y otros gases envasados, tras una serie de explosiones e incendios que dejaron heridos y graves daños materiales en distintos puntos del país.

El proyecto, ingresado en la Cámara de Diputados, solicita que la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) o el organismo competente informen de manera detallada sobre los mecanismos de control y prevención aplicados al almacenamiento, fraccionamiento, transporte y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en tubos y garrafas.

En concreto, Todero pide que el Ejecutivo precise cuántos operadores están actualmente inscriptos en el Registro Nacional de la Industria del GLP, discriminados por fraccionadores, distribuidores, transportistas, comercializadores, talleres y centros de canje de envases. Además, solicita datos sobre la cantidad de inspecciones presenciales realizadas durante los años 2024, 2025 y lo que va de 2026 en cada uno de esos segmentos de la cadena.

El pedido incluye también información sobre las sanciones aplicadas en ese período, con el detalle de cuántos operadores fueron clausurados o detectados en infracción y cuáles fueron las irregularidades constatadas por los organismos de control. En el mismo sentido, reclama conocer cuántos establecimientos fueron encontrados funcionando sin estar debidamente inscriptos en el registro oficial.

En los fundamentos del proyecto, el diputado de Unión por la Patria pone el foco en una seguidilla de siniestros recientes vinculados al manejo y acopio de garrafas. Menciona, entre otros casos, el incendio ocurrido el 16 de enero en Famaillá, Tucumán, que dejó diez personas heridas, dos de ellas de gravedad, obligó a evacuar varias manzanas y provocó pérdidas materiales totales en viviendas linderas. También alude a un episodio similar registrado en la localidad bonaerense de Merlo, con al menos cinco personas heridas y explosiones que lanzaron garrafas a más de 150 metros, en un depósito que presuntamente no contaba con habilitación.

Para Todero, estos hechos no pueden analizarse de manera aislada y deben leerse en el marco de los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia regulatoria. En ese sentido, cuestiona el impacto del Decreto 446/2025 y de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Energía, a las que atribuye un proceso de desregulación del mercado del GLP y un debilitamiento de las capacidades estatales de control y fiscalización.

El legislador remarca que el gas envasado es un insumo esencial para amplios sectores de la población y cita datos oficiales que indican que alrededor del 43% de los hogares argentinos utiliza garrafas a diario para cocinar y calefaccionarse. En ese contexto, advierte que la reducción de controles en una actividad con riesgos elevados para la seguridad pública constituye una falla grave en las responsabilidades del Estado.

El proyecto subraya además que la cadena del gas licuado de petróleo cuenta con niveles de trazabilidad que permitirían un control estricto desde el fraccionamiento hasta el consumidor final, siempre que existan políticas activas de inspección y sanción. Sin embargo, sostiene que frente a situaciones de irregularidad la respuesta oficial reciente ha sido avanzar en la desregulación, en lugar de reforzar los mecanismos de prevención.

Con este pedido de informes, Todero busca que el Poder Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso sobre el estado real de los controles y las decisiones adoptadas en un sector clave para la seguridad y la vida cotidiana de millones de personas. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de diputados y diputadas de distintos bloques y quedó a la espera de su tratamiento parlamentario.