El Gobierno nacional insiste en presentar su programa económico como un camino inevitable hacia la estabilidad. Sin embargo, lo que vemos en las provincias es muy distinto: un ajuste que se retroalimenta, que profundiza la recesión y que, lejos de ordenar las cuentas públicas, termina debilitando el federalismo y condicionando la autonomía de los territorios. Es, en definitiva, una serpiente que se muerde la cola.

La caída de la coparticipación es el síntoma más evidente de este proceso. No responde a un fenómeno aislado ni a un problema administrativo, sino a la contracción de la economía real. Los dos pilares de la masa coparticipable —IVA y Ganancias— dependen directamente del nivel de actividad. Cuando el consumo se retrae, cae el IVA. Cuando la actividad se desacelera, disminuyen las utilidades y los ingresos gravados. Por más que el Gobierno intente desmentirlo con discursos, la realidad fiscal de las provincias confirma lo contrario.

Este deterioro se replica de manera inmediata en cada jurisdicción. En un país federal, la caída de los ingresos nacionales reduce la masa coparticipable y obliga a las provincias a ajustar gastos o a buscar financiamiento para sostener su funcionamiento. Ese movimiento no se agota en lo fiscal: repercute en la economía local, frena la actividad y vuelve a afectar la recaudación. Así se configura un ciclo que se retroalimenta, muy similar al que ya vivimos bajo Martínez de Hoz, Cavallo y Macri.

En este contexto, La Pampa constituye una excepción. Somos la única provincia sin deudas y, además, acreedora de la Nación por más de 400 mil millones de pesos. La ejecución de esa deuda —hoy en manos de la Corte Suprema— permitiría contar con recursos clave para enfrentar la crisis. No todas las jurisdicciones tienen esa posibilidad: muchas deben solicitar adelantos para cubrir gastos corrientes, lo que desbalancea aún más la relación entre Nación y provincias.

Pero el problema no se limita a lo económico. Cuando los adelantos se otorgan de manera selectiva y bajo condiciones financieras, se abre un debate profundo sobre la equidad en la relación fiscal. El acceso a liquidez deja de ser automático y pasa a depender de decisiones del Gobierno central. En un sistema que debería ser previsible, la discrecionalidad introduce un factor de presión política que no puede naturalizarse.

La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto estos mecanismos condicionan el accionar de los legisladores nacionales de las provincias afectadas, cuando el acceso a recursos queda sujeto a decisiones del Ejecutivo y a compromisos de devolución con interés? Si el federalismo se convierte en una herramienta de disciplinamiento, el daño institucional será mucho más profundo que cualquier recorte presupuestario.