La iniciativa de LLA busca poner límites claros al poder tributario de los municipios y establecer por ley que toda tasa local solo sea válida si existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada, en línea con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Un proyecto presentado por la diputada Patricia Vásquez y acompañado por otros legisladores del oficialismo propone fijar por ley los requisitos constitucionales que deben cumplir las tasas municipales, con el objetivo de evitar cobros sin servicio concreto y frenar el uso de tributos locales con fines meramente recaudatorios.
La iniciativa ingresada en la Cámara de Diputados establece un régimen de validez constitucional para las tasas municipales en todo el país y busca unificar criterios a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto define que solo podrán exigirse tasas cuando exista una prestación estatal concreta, efectiva, individualizada y razonablemente proporcional al monto cobrado.
El texto precisa que se considera tasa únicamente a aquella prestación pecuniaria cuyo hecho imponible sea la efectiva prestación de un servicio público que reporte un beneficio directo al contribuyente o a un bien determinado. En ese marco, prohíbe expresamente la creación o aplicación de tasas que operen como impuestos encubiertos o carezcan de una vinculación directa con el servicio brindado.
Entre los requisitos esenciales de validez, la iniciativa enumera la existencia comprobable de la prestación estatal, la identificación del contribuyente como destinatario directo del servicio y la proporcionalidad razonable entre el costo del servicio y el monto exigido. Además, impone a los municipios la carga de probar la efectiva prestación, su individualización y su costo, tanto en sede administrativa como judicial.
El proyecto también establece que las tasas exigidas sin cumplir estos requisitos afectan de manera ilegítima el derecho de propiedad y pueden alcanzar carácter confiscatorio cuando implican la absorción de una porción sustancial de la renta o del capital del contribuyente. En esos casos, se habilita la nulidad de las ordenanzas municipales y el reclamo de repetición de las sumas indebidamente abonadas.
En los fundamentos, Vásquez y los diputados firmantes apoyan la iniciativa en fallos recientes de la Corte Suprema, entre ellos los casos Gasnor contra la Municipalidad de La Banda y Compañía Química contra una comuna bonaerense, así como la declaración de inconstitucionalidad de la denominada ecotasa en 2024. En todos ellos, el máximo tribunal reafirmó que las tasas solo son válidas cuando existe una contraprestación concreta, efectiva e individualizada.
El proyecto subraya que la autonomía provincial y municipal reconocida por el sistema federal no es absoluta y no habilita la creación de tributos que vulneren principios constitucionales básicos como la razonabilidad tributaria y la prohibición de confiscatoriedad. En ese sentido, sostiene que corresponde al Congreso garantizar una protección homogénea del derecho de propiedad en todo el territorio nacional.
Sin desconocer las competencias locales, la propuesta invita a provincias y municipios a adherir al régimen y dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación. Según sus autores, la ley no busca sustituir la potestad tributaria municipal, sino fijar límites claros que eviten abusos y refuercen la seguridad jurídica de contribuyentes, empresas y ciudadanos frente a los cobros locales.