La nota presentada ante las autoridades cuenta con las rúbricas del Pro, la Unión Cívica Radical, los peronismo de Misiones y Tucumán, y Producción y Trabajo de San Juan. La base de firmantes deja a La Libertad Avanza muy cerca del quórum.
Con la certeza de que la reunión plenaria de este martes lograra el dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, el oficialismo elevó el pedido formal para ir al recinto el próximo miércoles 8 de abril a las 15.
La iniciativa, la cual cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero pasado, debió ser puesta a consideración de la ciudadanía por medio de dos audiencias públicas solicitadas por la oposición que se llevaron a cabo el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.
De todas maneras, a más de un mes del inicio del período ordinario, La Libertad Avanza ha podido recolectar los consensos mayoritarios para ir en búsqueda de la sanción definitiva este miércoles. El petitorio presentado contempla el aval del Pro, la Unión Cívica Radical, Santa Cruz, Producción y Trabajo, Innovación Federal e Independencia.
Cabe destacar que si se contabilizan los bloques que adhirieron al pedido de sesión especial para tratar la modificación a la Ley de Glaciares, la Cámara baja parte de una base de 127 legisladores, a un diputado del quórum. Fuentes del Pro confirmaron a parlamentario.com que Alejandro Finocchiaro no estará en el Congreso el miércoles por el cuadro de salud que atraviesa desde hace semanas.
La nota presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llevas las firmas del jefe de bloque oficialista Gabriel Bornoroni; de las autoridades del plenario que pasar el texto a la firma, José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales); de la secretaria parlamentaria Silvana Giudici y de Giselle Castelnuovo.
También están las firmas de tres integrantes del interbloque Fuerza del Cambio: Javier Sánchez Wrba del Pro; de Pamela Verasay del bloque radical; y José Luis Garrido de Santa Cruz. Y completan el pedido el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y la tucumana Gladys Medina de Independencia.
Así las cosas, en el oficialismo son optimistas de poder contar con adhesiones de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Encuentro Federal en la conformación del quórum; y a su vez, de los representantes peronistas de San Juan y Catamarca para la votación, tal como ocurrió en el recinto de la Cámara alta el pasado 26 de febrero.
Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.