El diputado nacional Javier Sánchez Wrba (Pro – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona de camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad. El objetivo de la iniciativa es la promoción de un aprovechamiento eficiente del dominio público vial.

“El objetivo es dejar sin efecto la resolución que el kirchnerismo dictó en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, que de manera arbitraria dio de baja los convenios y prohibió la explotación de estas parcelas”, refirió el legislador a través de X. También sostuvo que “tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”.

El texto fue acompañado por Cristian Ritondo, jefe de bloque Pro, y los diputados nacionales Fernando De Andreis, Alicia Giampieri, Florencia de Sensi, Emmanuel Bianchetti, Daiana Fernández Molero, Álvaro González y Martín Ardohain. También acompañó Eduardo Falcone del MID.

Javier Sánchez Wrba es el secretario parlamentario del Pro.

Integrante de ocho comisiones, Sánchez Wrba propuso dejar sin efecto la resolución 2018/08 de la Dirección Nacional de Vialidad para que sea reemplazada por esta iniciativa la cual propone un régimen legal que habilite el uso productivo agrícola de la franja adyacente de la zona de camino de las rutas nacionales con exclusión de las banquinas y franjas de seguridad previstas.

Del mismo modo, cuestionó en los fundamentos a la medida del gobierno de Cristina Kirchner por dejar sin efecto la resolución 1158/96 que dio por finalizados los convenios de explotación de las tierras ubicadas en la vera de las rutas nacionales. El diputado del Pro vinculó esa decisión con el conflicto entre el kirchnerismo y el campo a partir de la 125.

De todas maneras, este texto deja en claro que se exigirá la preservación de las distancias de visibilidad, el adecuado funcionamiento de cunetas y obras de drenaje. Y además, se prohíbe la instalación de estructuras o elementos que puedan interferir con la operación vial. En todos los casos, la autoridad de aplicación mantendrá la facultad de suspender o revocar los permisos ante cualquier incumplimiento.

Por último, Javier Sánchez Wrba señaló que “se trata de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generando recursos adicionales para el Estado y mejoras concretas para los usuarios del sistema vial, sin comprometer la seguridad”.