El proyecto de ley establece que toda información en poder del Estado será considerada pública, salvo excepciones estrictamente establecidas por ley.
El senador provincial Juan Manuel Rico Zini, presentó en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de ley orientado a garantizar el acceso pleno, simple y sin restricciones a la información pública.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento del resto del bloque de senadores PRO, que respaldó su presentación como parte de una agenda institucional centrada en la transparencia y la calidad democrática.
En un contexto donde crece la demanda social por mayor control sobre el uso de los recursos públicos, el proyecto propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Según la norma, toda información en poder del Estado será considerada pública, salvo excepciones estrictamente establecidas por ley.
La iniciativa establece que cualquier persona podrá solicitar información sin necesidad de justificar su pedido, y que la misma deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Asimismo, incorpora el principio de “silencio negativo”, por el cual, ante la falta de respuesta estatal, se entiende denegada la información, habilitando de manera directa la vía judicial.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es su amplio alcance, la obligación de brindar información no se limita a los tres poderes del Estado, se incluye a empresas con participación estatal, concesionarios de servicios públicos, organizaciones que reciban fondos públicos e incluso entidades privadas que administren recursos del Estado.
“Donde hay plata pública, tiene que haber transparencia”, sostuvo el autor del proyecto.
Además, la iniciativa incorpora el principio de transparencia activa, obligando a los organismos públicos a publicar de manera permanente y accesible información clave: sueldos, estructura del personal, presupuesto, contrataciones, transferencias de fondos, y actos administrativos.
Desde una perspectiva política e institucional, el proyecto busca dar respuesta a una de las principales demandas sociales: conocer cómo se administra el Estado.
“No alcanza con que el Estado sea legal. Tiene que ser creíble. Y la credibilidad empieza por mostrar qué hace, cómo lo hace y en qué gasta cada peso”, afirmó el senador.
La propuesta también contempla sanciones para aquellos funcionarios que nieguen información de manera injustificada o la entreguen de forma incompleta, fortaleciendo así los mecanismos de control y responsabilidad pública.
La ley tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia de la gestión estatal.
En este sentido, establece “acceso universal”; es decir que toda persona puede solicitar información en igualdad de condiciones, sin discriminación y sin necesidad de expresar motivos.
También se prevé “máxima premura”; que la información debe ser suministrada con la mayor celeridad posible y en plazos razonables; y la “gratuidad”: del acceso es gratuito, salvo los costos de reproducción, que estarán a cargo del solicitante.
El acceso a la información pública constituye un derecho fundamental con sustento constitucional.
“Este no es un proyecto contra nadie. Es un proyecto a favor de todos. Porque en democracia, lo que no se muestra, inevitablemente se vuelve sospechoso”, concluyó Rico Zini.
Con esta iniciativa, el bloque de senadores PRO impulsa un modelo de Estado más abierto, controlable y cercano, donde el acceso a la información deje de ser una excepción y pase a ser una regla.