El anuncio reabre un debate sensible sobre el régimen vigente desde 2010, sus alcances, límites y la respuesta del sistema sanitario ante situaciones de crisis. Desde el oficialismo plantean la necesidad de “actualizar” la normativa, mientras trabajadores, organizaciones y familiares advierten sobre los riesgos de retroceder en un enfoque de derechos.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este martes que en los próximos días el Gobierno estará enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental. La confirmación oficial marcó el relanzamiento de una discusión que atraviesa al sistema sanitario, al ámbito judicial y a la política desde hace más de una década, en torno a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010 y actualmente vigente.
Según adelantaron fuentes oficiales, la iniciativa apuntará a modificar aspectos centrales del marco normativo actual con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema” frente a situaciones de urgencia y riesgo. Sin embargo, el anuncio generó reacciones inmediatas y volvió a poner en escena un debate de fondo: cómo equilibrar el respeto por los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales con la necesidad de garantizar atención oportuna, acompañamiento continuo y protección en casos críticos.
La Ley 26.657 representó, en su momento, un cambio de paradigma. Reemplazó el enfoque tutelar y el modelo de encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso terapéutico. También incorporó a las adicciones dentro de las políticas de salud mental e impulsó la desmanicomialización progresiva, promoviendo el cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes y su sustitución por dispositivos alternativos.
No obstante, a más de quince años de su sanción, distintos sectores coinciden en señalar serias dificultades en su implementación. Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de presupuesto específico, la escasez de dispositivos comunitarios, la aplicación desigual entre provincias y la ausencia de respuestas eficaces en situaciones de crisis aguda. Familias de personas con padecimientos mentales graves, así como algunos profesionales, vienen reclamando una revisión del régimen para evitar vacíos de atención y desprotección tanto de pacientes como de su entorno.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma buscará clarificar conceptos, revisar los criterios de intervención y actualizar el sistema ante problemáticas que, afirman, hoy no encuentran encuadre adecuado en la norma vigente. Entre los puntos que se evalúan modificar se encuentran los mecanismos para las internaciones involuntarias, los plazos de notificación judicial y el rol de los equipos tratantes ante situaciones de riesgo para la persona o para terceros.
El anuncio se da además en un contexto de creciente visibilidad del tema en la agenda pública. Casos resonantes, reclamos de familiares y proyectos legislativos vinculados a la declaración de emergencias en salud mental en distintas jurisdicciones volvieron a exponer las falencias estructurales del sistema y la fragmentación de las respuestas estatales.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, colectivos de usuarios y trabajadores del sector alertan sobre el riesgo de que una eventual reforma implique un retroceso respecto del enfoque de derechos consagrado en la ley vigente. Advierten que flexibilizar criterios de internación o reforzar lógicas de control sin fortalecer previamente la red de atención comunitaria podría profundizar la exclusión y la estigmatización de las personas con padecimientos mentales.
En ese marco, el debate que se abrirá en el Congreso promete ser intenso. La discusión no se limita a una cuestión técnica o sanitaria, sino que involucra definiciones profundas sobre el rol del Estado, el modelo de atención, la asignación de recursos y la concepción misma de la salud mental como un derecho humano.
Mientras se aguardan precisiones sobre el contenido del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, distintos actores anticipan que reclamarán un debate amplio, con participación de especialistas, trabajadores, organizaciones sociales, familiares y usuarios del sistema. El desafío, coinciden, será avanzar en mejoras concretas sin desandar conquistas alcanzadas en materia de derechos y garantías.