La diputada nacional Roxana Monzón presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para iniciar el proceso de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, al considerar que su accionar configura causales de mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de la función pública, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

El texto —que retoma un expediente anterior que perdió estado parlamentario— sostiene que Lugones protagonizó una serie de hechos que vulneran los principios de legalidad, ética pública y transparencia, incompatibles con la responsabilidad institucional que implica conducir la cartera sanitaria. Según la autora, se trata de conductas “profusamente documentadas” que justifican la intervención del Congreso en su rol de control político.

Uno de los puntos centrales del pedido de juicio político es la imputación judicial del ministro por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa se originó a partir de una presunta maniobra para forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, luego de que sus autoridades resolvieran otorgar un bono al personal de salud con fondos propios. La diputada sostiene que se trató de una decisión arbitraria y represiva, destinada a “disciplinar” al hospital y desalentar reclamos salariales en otros establecimientos nacionales.

El proyecto advierte que esta intervención indebida puso en riesgo el normal funcionamiento del principal hospital pediátrico del país y constituyó una violación a su autonomía institucional. Además, destaca que la apertura de una causa judicial y la producción de pruebas refuerzan la gravedad de los hechos atribuidos al ministro.

Otro eje de la acusación se vincula al desmantelamiento de políticas públicas de salud, particularmente en lo que respecta a la provisión de medicamentos esenciales. El texto denuncia el incumplimiento de órdenes judiciales para la entrega de tratamientos y cuestiona la eliminación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), reemplazada por la DINADIC. Según asociaciones de pacientes citadas en los fundamentos, este cambio habría servido para evadir responsabilidades legales, con consecuencias graves e incluso fatales.

En la misma línea, el proyecto menciona advertencias de organizaciones como Fundación Huésped sobre el impacto del recorte de contratos en áreas sensibles como VIH y vacunación, así como denuncias gremiales por el cierre de residencias en salud mental y trabajo social en hospitales nacionales. Para Monzón, estas decisiones forman parte de una política de ajuste que debilita la atención sanitaria y afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

La iniciativa también responsabiliza políticamente al ministro por la crisis del fentanilo contaminado, que derivó en decenas de muertes. El texto señala demoras injustificadas en la actuación de la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de Salud, pese a alertas tempranas sobre la contaminación de determinados lotes. A juicio de la diputada, la magnitud del daño evidencia fallas graves en los mecanismos de control y supervisión bajo la órbita del ministro.

Finalmente, Monzón incluye como causal de juicio político el desacato al Poder Legislativo, al recordar que Lugones se negó a asistir a reuniones de comisión convocadas para explicar denuncias de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Estas ausencias, afirma, constituyen una obstrucción al control parlamentario y un menosprecio institucional al Congreso.

Por todo ello, la diputada solicita que la Cámara de Diputados dé curso al pedido y avance en el proceso de juicio político para determinar la responsabilidad del ministro y, de corresponder, disponer su remoción del cargo.