La Cámara baja arrancó la sesión especial a las 15.13 de este miércoles. En el comienzo hubo una serie de apartamientos del reglamento que resultaron todos rechazados, incluido la interpelación a Manuel Adorni.
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La Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que el oficialismo buscará alzarse con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. El quórum se alcanzó con 129 presentes a las 15.13 de este miércoles.
Según acordaron en Labor Parlamentaria los jefes de bloques, se espera una jornada de entre 11 y 12 horas. Para el principal tema hay más de 60 oradores y la votación se prevé para la madrugada. Además, habrá tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento.
En el arranque, hubo una serie de apartamientos que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición. Aunque en algunos casos hubo más votos a favor que en contra, para esto se necesitaban las tres cuartas partes del Cuerpo. Por un desacuerdo reglamentario, no se votaron emplazamientos de comisiones -que sí se aprueban por mayoría simple-, dado que no formaban parte del temario.
Entre los expedientes que no se pudieron incorporar, la oposición planteó la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el tema de la suspensión de acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados; interpelaciones a Adorni y Karina Milei por el caso $LIBRA; y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.
Glaciares: el oficialismo busca sancionar la ley
El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.
Tras la audiencia pública en la que expuso una ínfima parte de los más de 100 mil inscriptos para participar, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas que rechazan la reforma de la Ley de Glaciares (entre ellas, La Cámpora) convocaron a una marcha en las afueras del Congreso, que estuvo marcada en un principio por la tensión con los efectivos de seguridad que corrieron a manifestantes.
Desde distintas ONG's y particulares anticiparon que, de sancionarse la ley, irán a la Justicia, y entre los fundamentos para objetar la norma estará la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal.
Diputados de Unión por la Patria en la marcha afuera del Congreso.
La modificación de la Ley de Glaciares llega al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó este martes a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que están a favor del proyecto.
El despacho de mayoría obtuvo 37 firmas (de LLA, Pro, UCR y bloques provinciales), mientras que los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y otro a Maximiliano Ferraro, de la CC.
El proyecto con media sanción que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución.
La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en alcanzar la aprobación con una base de entre 130 y 135 votos, que incluso algunos estiman podrían ser 140. Para ello espera contar con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa se sumaría un puñado de votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.
La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
El debate en el recinto
En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.
En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.
Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.
Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.
“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.
Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para acá, miles de millones para allá”.
En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada nacional Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión especial y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.
El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina cuando Luis Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.
Luego, siguió: “Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”. “Lo podríamos titular ‘cinco siglos igual’”, sintetizó Bregman, quien concluyó “estamos ante una nueva ofensiva colonial, re primarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.
Miguel Pichetto, miembro del interbloque Unidos, adelantó su voto en contra de la reforma ambiental y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, concluyó.
Con su característico perfil, Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es ‘terraplanista’, envenenada, ‘corruptora’ e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.
“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, deslizó el referente de, Frente Patria Grande, que acto seguido pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.
Para Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta Ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso si que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.
En su intervención, el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.
El diputado de Encuentro Federal señaló que “es exactamente el mismo criterio de desarrollo sustentable el que se aplica a todas nuestras industrias: a la agricultura, que también consume recursos hídricos; a las pasteras, a la extracción de petróleo y de gas, convencional y no convencional… Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Medio Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLIA. que no pudo completar durante su larga vida que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”.
“Esto es pan para hoy y sed para siempre… y ustedes lo saben muy, pero muy, pero muy bien”, aseguró la diputada de UP Moira Lanesan Sancho, que sobre el final de su intervención dijo que “ahora vienen por el agua, y el agua es el límite: y el nombre de todos ustedes va a quedar en la historia”.
A su turno, Agustín Rossi sostuvo que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención asegurando que “es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.
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