Las principales cámaras mineras del país destacaron la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares como un avance clave en seguridad jurídica, previsibilidad normativa y federalismo. Aseguran que la actualización despeja ambigüedades técnicas, fortalece la protección ambiental y abre la puerta a nuevas inversiones.
A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, las principales entidades que representan al sector minero expresaron un fuerte respaldo a la iniciativa, a la que calificaron como un avance histórico en materia de seguridad jurídica, previsibilidad normativa y fortalecimiento del federalismo. Entre los pronunciamientos se destacaron los de la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).
Desde la Cámara Minera de San Juan subrayaron que la actualización normativa permite avanzar en la remoción de ambigüedades que durante años generaron incertidumbre en la aplicación de la ley. En un comunicado, la entidad destacó que el proceso fue fruto de un esquema de “federalismo concertado”, impulsado a partir del diálogo entre el Gobierno provincial y la Nación.
La institución sanjuanina remarcó que la previsibilidad es una condición indispensable para el desarrollo de proyectos de largo plazo y sostuvo que contar con reglas claras en materia de protección ambiental, basadas en evidencia científica y estudios de impacto ambiental, genera un marco adecuado para la inversión. En ese sentido, reafirmó que la minería puede convivir de manera armónica con otras actividades productivas, aportando empleo y desarrollo a las comunidades locales.
“La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país”, señalaron desde la Cámara Minera provincial.
En la misma línea, la CAEM calificó la aprobación de la reforma como una decisión de “gran relevancia institucional, productiva y ambiental” para la Argentina. La entidad consideró que las modificaciones introducidas resultan fundamentales para incrementar la previsibilidad normativa, un factor que definió como indispensable para el desarrollo de una industria estratégica, capaz de generar empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales.
Según la cámara empresaria, la actualización de la ley permitirá establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares, al tiempo que clarifica las áreas donde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos controles ambientales, despejando interpretaciones ambiguas que se arrastraban desde hace años.
Por su parte, GEMERA sostuvo que la reforma no implica un retroceso en materia ambiental, sino una profesionalización del marco regulatorio. En su comunicado, la entidad destacó la importancia de contar con una norma que otorgue certeza en su interpretación y aplicación, con definiciones técnicas más rigurosas y procesos de evaluación fortalecidos, basados en evidencia científica y estudios específicos.
Otro de los ejes centrales destacados por las tres entidades fue el fortalecimiento del federalismo. Las cámaras coincidieron en que la reforma reafirma el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Desde la CAEM señalaron que la modificación consolida el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de esos recursos, mientras que GEMERA subrayó que el equilibrio entre las competencias nacionales y provinciales es una condición indispensable para una gestión ambiental eficaz y legítima.
En este nuevo escenario, el sector minero sanjuanino observa una oportunidad para destrabar proyectos de gran envergadura que permanecían latentes ante la falta de definiciones técnicas claras. Para las empresas exploradoras, la mayor previsibilidad normativa contribuirá a mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones propicias para impulsar inversiones, empleo y desarrollo en las regiones cordilleranas.