Hay relatos de los años 70 de activistas, empresarios y militares que incomodan, porque rompen con las versiones simplificadas oficialmente conocidas. La historia de David Graiver, el empresario José Ber Gelbard y la organización Montoneros es uno de esos casos donde las categorías de “empresario”, “militante” y “Estado” dejan de ser compartimentos estancos para mezclarse en una trama mucho más incómoda e inmoral en todo sentido.

Durante años, se quiso presentar a la violencia política como un fenómeno aislado del mundo económico. Sin embargo, la figura de Graiver y todo el andamiaje bancario, financiero y político que lo circundaba, desarma ese relato: un financista sofisticado, con bancos en el exterior, que al mismo tiempo aparece vinculado —al menos en múltiples investigaciones periodísticas oportunamente reveladas a toda la sociedad— a la administración de fondos provenientes de la guerrilla. No se trata solo de una acusación judicial debatida, sino de una pregunta más profunda: ¿cómo fue posible que dinero surgido de la violencia encontrara canales dentro del sistema financiero institucional?

En ese punto aparece José Ber Gelbard (encumbrado dirigente de la Confederación General Económica de los 70’). Quizás una de las figuras más contradictorias del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Como ministro de economía, promovía un modelo productivo con fuerte intervención estatal (como vuelven a proponer actuales dirigentes de la política). Pero al mismo tiempo, su red de relaciones empresariales y políticas habilitó el ascenso de figuras como David Graiver. No es un dato menor el que se enuncia; el proyecto económico que buscaba ordenar el capitalismo argentino convivía, en los hechos, con circuitos oscuros de financiamiento y poder oficial y clandestino.

Y ahí es donde entra Fate, nacida en el proceso de industrialización de mediados del siglo XX. La empresa se convirtió en un símbolo del empresariado nacional, al cual Gelbard decía representar. Pero esa misma estructura empresarial también fue parte del entramado de poder que conectaba negocios, política e intereses mucho menos transparentes —según distintas investigaciones de historiadores y periodistas—. La pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta qué punto ese “capitalismo nacional” fue realmente autónomo, y hasta qué punto estuvo atravesado por relaciones informales y lógicas de poder paralelas?

El caso Graiver expone, además, una hipocresía persistente en la lectura de la historia argentina: la tendencia a separar moralmente a los actores según conveniencias ideológicas, porque si se condena —con razón— la violencia política, también debería analizarse con la misma severidad a quienes, desde el mundo empresario o estatal, facilitaron o se beneficiaron indirectamente de esos circuitos.

A pesar de las luchas armadas, el dinero no tenía ideología

La presunta relación entre Graiver y Montoneros no solo habla de financiamiento clandestino. Habla de una época donde las fronteras éticas estaban desdibujadas; donde un mismo entramado podía incluir banqueros internacionales, ministros de Estado y organizaciones armadas. En la Argentina de los 70, el poder se manifestaba mentirosamente para el común de la gente fragmentado, cuando en verdad todo estaba planificado y profundamente entrelazado. Mientras socialmente se exhibía una guerra ideológica, la verdadera guerra encubierta era económica.

La visita de Ber Gelbard a Moscú es otro episodio revelador de esa trama ambigua. En plena Guerra Fría, mantuvo contactos vinculados al circuito financiero del bloque soviético, en un intento por diversificar y resguardar capitales fuera de la órbita occidental. Lejos de responder a una afinidad ideológica, el movimiento parece haber sido estrictamente pragmático: buscar protección y liquidez en cualquier plaza disponible sin importar si fuera esta de izquierda, de centro o de derecha. Este dato refuerza una idea incómoda: mientras en la superficie se enfrentaban proyectos políticos antagónicos, por debajo operaban lógicas financieras que ignoraban fronteras ideológicas, confirmando que el dinero —aun en contextos de violencia y polarización extrema— siempre encuentra su propio camino.

Es constatable que detrás de los discursos épicos también existían negocios, intereses, silencios cómplices y altamente redituables que todavía hoy incomodan.

Hoy Javier Madanes Quintanilla ilustra esta lógica histórica que se repite con precisión quirúrgica. Dueño de FATE y Aluar, su expansión estuvo históricamente atada a decisiones estatales. En los años ochenta, la estatización de deudas privadas por más de doscientos millones de dólares trasladó al conjunto de la sociedad costos que nunca generó. El patrón nuevamente quedó establecido: el Estado como sostén, el riesgo como patrimonio colectivo y la ganancia como derecho privado.

En ese marco, la reflexión final no puede eludir a quienes quedaron siempre en el medio de esas tramas: trabajadores y jóvenes que abrazaron ideales —muchas veces genuinos— pero que, en los hechos, terminaron siendo las principales víctimas de un juego de poder que nunca controlaron. Mientras las cúpulas negociaban, acumulaban o se protegían, ellos ponían el cuerpo, el trabajo y la vida.

Esa misma lógica parece proyectarse hasta hoy. Una sociedad cada vez más aniñada, donde se reclaman derechos, cambios y transformaciones profundas, pero se rehúye sistemáticamente a asumir los costos y las consecuencias que implica toda decisión colectiva.  por atarse siempre a personas politizadas pero carentes de conciencia política y no a propuestas y programas que superen al tiempo.

Victorio Pirillo es secretario general del Sindicato Trabajadores Municipales de Vicente López