El gobierno provincial presentó un amparo colectivo para frenar la aplicación de la norma. Argumentó que afectaba el caudal de los ríos que abastecían a la provincia y que dependían del deshielo cordillerano.
El gobierno pampeano judicializó la ley de glaciares al presentar un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa, acompañado por la Universidad Nacional de La Pampa y las organizaciones Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos. La acción buscaba suspender la aplicación de la norma hasta que se resolviera su constitucionalidad.
Durante el anuncio, el gobernador Sergio Ziliotto advirtió que la provincia no tenía glaciares, pero sí dependía del único río que aún corría por su territorio y cuyo origen era glacial. Señaló además que los otros dos ríos pampeanos, también de origen cordillerano, ya no fluían, y sostuvo que la nueva ley implicaría una reducción adicional del caudal.
La presentación contó con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos plantearon que la medida buscaba evitar daños irreversibles mientras se analizaba la validez de la legislación.
La cuestión hídrica era central para La Pampa, que acumulaba más de medio siglo de litigios con Mendoza por el río Atuel. La provincia también llevaba años reclamando que se cumpliera un fallo que obligaba a garantizar un flujo mínimo hacia su territorio.
En ese contexto, el gobierno provincial sostuvo que cualquier modificación en los cursos de agua aguas arriba afectaba de manera directa a las comunidades aguas abajo. Recordó que los ríos eran esenciales para el riego, la agricultura y la vida cotidiana en vastas zonas del territorio pampeano.
Las organizaciones que acompañaron el amparo remarcaron que la protección de los ríos debía ser prioritaria y que la ley cuestionada podía agravar un escenario ya crítico. Subrayaron que la provincia dependía de decisiones tomadas fuera de su jurisdicción y que eso hacía necesario un resguardo judicial.
El planteo quedó ahora en manos del juzgado federal de Santa Rosa, que debía evaluar si correspondía suspender la aplicación de la ley mientras avanzaba el análisis de fondo. El gobierno provincial expresó que confiaba en que la Justicia atendiera la situación de vulnerabilidad hídrica que atravesaba La Pampa.