La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley que apunta a introducir un cambio de enfoque en la persecución penal de los delitos de narcotráfico de menor escala, con eje en la situación de vulnerabilidad de las mujeres que integran los eslabones más bajos de esa cadena. La iniciativa, que llega en paralelo a su asunción como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, propone modificar la Ley 23.737 y crear un Programa Nacional de Protección, Contención y Asesoramiento para mujeres involucradas en delitos menores relacionados con el narcotráfico.

El proyecto incorpora a la ley de estupefacientes un nuevo artículo 29 quáter que faculta a los tribunales a reducir las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo previstos, o incluso a eximir de ellas, cuando se trate de personas que hayan actuado como partícipes menores y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entre los criterios que habilitan ese tratamiento diferencial se incluyen la condición de madres de niños o niñas menores de edad, el embarazo y la ausencia de antecedentes penales, tanto en causas por infracción a la ley de drogas como en delitos vinculados al artículo 866 del Código Aduanero.

Según los fundamentos del proyecto, el sistema penal argentino tiende a concentrar su acción punitiva sobre mujeres pobres, muchas de ellas extranjeras, que participan en el narcomenudeo como correos humanos o en tareas de escasa relevancia dentro de las redes criminales. Datos del Servicio Penitenciario Federal citados en la iniciativa indican que, aunque las mujeres representan una proporción minoritaria de la población carcelaria, la mayoría de las detenidas lo está por delitos vinculados con estupefacientes, en general no violentos, y en muchos casos por primera vez.

Además de la modificación legal en materia de penas, el proyecto crea un programa específico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a las mujeres que accedan a una reducción o exención de condena. El objetivo es brindar una respuesta integral que combine acompañamiento jurídico con políticas de inclusión social, educativa y laboral, para evitar la reincidencia y atender las condiciones estructurales que derivaron en el conflicto con la ley penal.

El programa prevé asesoramiento legal gratuito con perspectiva de género a través de los Centros de Acceso a la Justicia, opciones de capacitación laboral y acceso a programas de empleo, así como la terminalidad educativa mediante Plan FinEs y becas Progresar para quienes queden eximidas de pena. También contempla apoyo en los procesos de maternidad, acompañamiento en la crianza de hijos menores, la posibilidad de alojamiento en casas refugio para mujeres en situación de riesgo y contención frente a consumos problemáticos mediante la articulación con la SEDRONAR.

En cuanto al financiamiento, la iniciativa establece que los gastos del programa se atenderán con las partidas anuales asignadas en el Presupuesto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y habilita, además, la creación de un fondo específico integrado con bienes decomisados en causas por narcocriminalidad.

En los fundamentos, Estévez y las diputadas y diputados cofirmantes sostienen que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser eficaz para enfrentar el narcotráfico y, en cambio, ha producido un fuerte impacto humano y social, en especial sobre mujeres que sostienen redes de cuidado y familias a cargo. El texto recupera estándares internacionales, como las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que recomiendan privilegiar medidas no privativas de la libertad para mujeres embarazadas o con hijos bajo su cuidado y aplicar políticas penales sensibles al género.

El proyecto ya había sido presentado en períodos legislativos anteriores con otros números de expediente y vuelve ahora a ingresar al Congreso con el respaldo de una agenda que cruza políticas de drogas, derechos humanos y perspectiva de género. Su debate quedará en manos de las comisiones de Legislación Penal, Seguridad Interior y Mujeres y Diversidad, en un contexto marcado por la discusión sobre el alcance del sistema punitivo y el impacto social del encarcelamiento.