Un proyecto de ley busca modificar la integración de la Comisión de Disciplina para evitar que magistrados investiguen y sancionen la conducta de sus pares, con el argumento de fortalecer la transparencia y prevenir conflictos de intereses dentro del Consejo de la Magistratura.
Los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura y excluir a los representantes de jueces y juezas de la integración de la Comisión de Disciplina, el órgano encargado de investigar denuncias y proponer sanciones por el desempeño de los magistrados nacionales y federales.
La iniciativa propone modificar el primer párrafo del artículo 14 de la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo, para establecer de manera expresa que la Comisión de Disciplina no podrá ser integrada ni por el representante del Poder Ejecutivo ni por los consejeros surgidos del estamento judicial. De ese modo, la comisión quedaría conformada únicamente por legisladores, abogados y representantes del ámbito académico y científico.
Según los fundamentos del proyecto, la actual integración de la Comisión de Disciplina genera un conflicto de intereses estructural, al permitir que jueces investiguen y evalúen la conducta de otros jueces. Los autores sostienen que esta dinámica corporativa ha derivado, a lo largo de los años, en situaciones de impunidad, demoras injustificadas y pérdida de legitimidad del órgano disciplinario.
El texto señala que la Comisión de Disciplina concentra un volumen significativo de denuncias contra magistrados, vinculadas a maltrato laboral, errores reiterados en el ejercicio de la función o abuso de poder. Sin embargo, afirma que la presencia mayoritaria del estamento judicial ha dificultado incluso el avance de actuaciones de trámite básico, como la simple notificación de denuncias previstas en el reglamento interno del Consejo.
Siley y Tailhade advierten también que, en períodos de elecciones internas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, la comisión ha sido utilizada como una herramienta corporativa para favorecer a determinados jueces, ya sea paralizando expedientes o cerrando investigaciones, lo que a su entender distorsiona la finalidad constitucional del Consejo de la Magistratura.
En ese marco, el proyecto plantea que una composición con mayoría de integrantes ajenos al Poder Judicial permitiría un control más riguroso, independiente y transparente sobre el desempeño de los magistrados. Los autores destacan que la exclusión de jueces de la Comisión de Disciplina replica el criterio ya vigente en la Comisión de Acusación, encargada de impulsar los procesos de remoción.
La propuesta se inscribe en el debate más amplio sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, reactivado tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una de sus integraciones anteriores y forzó la vigencia de la ley original. De avanzar en el Congreso, el proyecto abrirá una discusión sobre el equilibrio entre estamentos y los mecanismos de control interno del Poder Judicial.