La iniciativa propone que los afiliados accedan a los beneficios contemplados en el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.
La presidenta del bloque UCR (Unión Cívica Radical) en la Cámara de diputados bonaerense, Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley que busca garantizar que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) brinde una cobertura integral y arancelaria equivalente a la establecida por el sistema nacional para personas con discapacidad.
La iniciativa propone que los afiliados accedan, como mínimo, a los beneficios contemplados en el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad (Ley Nacional N°24.901), incluyendo su nomenclador vigente, sin exclusiones ni recortes.
Esto incluye servicios de rehabilitación, terapéuticos, educativos y asistenciales.
También establece la equiparación de aranceles y fija un plazo de 30 días para que IOMA actualice sus valores cuando haya modificaciones a nivel nacional.
En los fundamentos, Lordén advierte sobre una desigualdad estructural en el sistema “los afiliados acceden a un sistema prestacional y arancelario históricamente inferior al que rige para el resto de las obras sociales del país, sin que ninguna razón de política pública lo justifique”.
En ese sentido, el proyecto apunta a corregir una situación que "obliga a muchas familias a judicializar sus reclamos para acceder a derechos básicos".
“Las familias de personas con discapacidad afiliadas a IOMA deben frecuentemente recurrir a amparos judiciales para acceder a prestaciones que cualquier afiliado de una obra social nacional obtendría por derecho” señala la legisladora.
Además, la iniciativa crea una comisión de seguimiento prestacional en discapacidad dentro de la Cámara baja, integrada por organismos públicos, legisladores y representantes del sector, para monitorear el cumplimiento de la ley y garantizar la calidad del servicio.
Por último, la propuesta contempla el reconocimiento de prestadores categorizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y establece plazos concretos para resolver solicitudes, con el objetivo de agilizar el acceso a las prestaciones.