El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para poner fin a uno de los litigios más prolongados derivados del default de la deuda de 2001. Se trata de un entendimiento alcanzado con dos fondos de inversión que permanecían en juicio contra la Argentina ante tribunales de Estados Unidos y que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento para entrar en vigencia.

Según informaron los abogados que representan al país ante la Justicia norteamericana, el acuerdo fue firmado el 1° de abril y comunicado formalmente a la jueza Loretta Preska, a cargo de los casos argentinos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La información fue dada a conocer por el consultor Sebastián Maril, especializado en el seguimiento de estos procesos, y confirmada luego por fuentes oficiales, según consignó este sábado Clarín. De acuerdo con la nota de Natacha Esquivel, el texto será remitido al Congreso en los próximos días.

Los demandantes son dos grupos de acreedores que nunca aceptaron ninguno de los canjes de deuda realizados tras el default. El más importante está encabezado por el fondo Attestor y reúne también a otras firmas, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, por una acreencia inicial cercana a los 500 millones de dólares. El segundo litigio es impulsado por Bainbridge, con reclamos por unos 95 millones de dólares. Ambos contaban con sentencias firmes a su favor y habían obtenido avales judiciales para avanzar en pedidos de embargo contra activos argentinos.

El monto definitivo del pago aún no fue informado oficialmente y recién se conocerá con el envío del proyecto al Congreso. No obstante, fuentes del mercado y del ámbito judicial señalan que el acuerdo estaría lejos de cubrir el total original de la deuda. El año pasado, los fondos ya habían logrado embargar 310 millones de dólares que la Argentina tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York como colateral de los antiguos bonos Brady. De ese total, Attestor cobró 210 millones, mientras que otros 100 millones quedaron bloqueados por una disputa entre los acreedores.

Tras ese episodio, en marzo pasado las partes cerraron un entendimiento extrajudicial que permitió solicitar la suspensión de las causas. En los hechos, esto implicó congelar medidas más avanzadas, como los pedidos para ejecutar acciones de empresas públicas, entre ellas el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF.

El acuerdo deberá pasar por el Congreso. Al respecto, los antecedentes indican que en lugar de una ley para convalidar el acuerdo, el Gobierno recurriría a un DNU, tal cual sucediera el año pasado cuando esta administración recurrió de esa manera al Congreso para validar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de cumplir compromisos financieros y ordenar el frente externo. Al tratarse de un DNU, alcanzó con la aprobación de la Cámara de Diputados, sin necesidad de pasar por el Senado.

El litigio que ahora se busca cerrar es uno de los remanentes que sobrevivieron a los acuerdos alcanzados en años anteriores. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó alrededor de 9.300 millones de dólares a un grupo mayoritario de holdouts, lo que permitió levantar las cautelares que impedían a la Argentina pagarle a los bonistas que sí habían entrado a los canjes de 2005 y 2010. Esa salida del default técnico no alcanzó, sin embargo, para extinguir todos los juicios, pese a que más del 95% de los acreedores había aceptado las reestructuraciones.

Veinticinco años después del default, el capítulo sigue abierto. Con este acuerdo, el Ejecutivo busca cerrar otro frente judicial heredado, aunque al costo de un nuevo debate político en el Congreso sobre cómo y con qué condiciones saldar una deuda que atraviesa distintas administraciones y ciclos económicos. La aprobación parlamentaria será el paso clave para dar por terminado un conflicto que, hasta ahora, continuaba generando riesgos financieros para el país.