Un diputado de UP presentó un proyecto de ley que declara la emergencia económica, productiva y fiscal de las pequeñas y medianas empresas hasta marzo de 2027. La iniciativa incluye alivio impositivo, congelamiento de tarifas, una moratoria, créditos blandos y la creación de un Consejo Federal de Emergencia para monitorear el impacto de la política económica y la apertura de importaciones.
En un contexto de caída del empleo registrado, cierre acelerado de empresas y deterioro del mercado interno, el diputado nacional Nicolás Trotta presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que declara la Emergencia Productiva MiPyMES y Protección del Trabajo en todo el territorio nacional hasta el 1° de marzo de 2027, con posibilidad de prórroga por un año. La iniciativa apunta a contener lo que define como un proceso “profundo y extendido de deterioro del entramado productivo argentino”.
“El programa económico vigente, caracterizado por el ajuste fiscal y monetario, la caída de los salarios reales y la apertura generalizada y abrupta de las importaciones, ha subsumido a la economía en un proceso signado por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas”, advierte Trotta en los fundamentos del proyecto.
El texto sostiene que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, se produjo una destrucción masiva de empleo formal privado y el cierre de más de 22.600 unidades productivas, una dinámica que —según remarca— “resulta más profunda que la registrada durante la pandemia”. En ese marco, el diputado señala un dato inédito: 2025 fue el primer año en el que el PBI creció pero aumentó el desempleo, rompiendo el vínculo histórico entre actividad y empleo.
Alivio fiscal, tarifas y financiamiento
El proyecto contempla un paquete amplio de medidas de asistencia transitoria destinadas a recomponer la liquidez y reducir los costos operativos de las MiPyMEs. Entre los principales instrumentos se incluyen la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares, una moratoria impositiva, previsional y aduanera con quitas parciales o totales de intereses y multas según el tamaño de la empresa, y la actualización de los mínimos no imponibles y detracciones en contribuciones patronales.
También se establece la retracción de las tarifas de electricidad, gas y agua a los valores de octubre de 2025 para micro y pequeñas empresas, la suspensión de nuevos aumentos durante la emergencia y una reducción del 50% del IVA sobre los servicios públicos utilizados en procesos productivos.
“Se trata de medidas de alivio inmediato pensadas para evitar la asfixia financiera y frenar la dinámica de quiebras en curso”, explica el legislador, quien subraya que los beneficios estarán atados a la preservación de los puestos de trabajo: las empresas que despidan sin justa causa quedarán excluidas del régimen.
Consejo Federal de Emergencia y foco en la industria
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Consejo Federal de Emergencia (COFE), un organismo multisectorial y transitorio integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, las provincias, el sector empresario, los sindicatos y el ámbito académico. Su objetivo será evaluar el impacto de la política macroeconómica y de comercio exterior sobre la actividad, el empleo y los precios, y elevar propuestas concretas al Ejecutivo y al Legislativo.
“El Consejo está pensado como un ámbito plural y federal para generar diagnósticos y políticas públicas en un contexto de apertura comercial racional, responsable e inteligente”, señala Trotta. En ese sentido, el proyecto identifica a la industria manufacturera como el sector más vulnerable y establece una agenda de urgencia para diez ramas industriales, entre ellas plásticos, textiles, metalmecánica, automotriz, químicos y muebles.
Según los fundamentos, muchas de estas actividades combinan una fuerte caída de producción con un aumento significativo de las importaciones, lo que “agrava las tensiones en un mercado interno debilitado y acelera la sustitución de producción nacional”.
El texto remarca que las MiPyMEs representan el 99% de las empresas del país y generan el 70% del empleo privado, por lo que su deterioro tiene efectos directos sobre la cohesión social y territorial. “Declarar la emergencia no es una medida meramente declarativa, sino una herramienta para administrar una transición económica compleja sin que sus costos recaigan de manera desproporcionada sobre trabajadores y pequeñas empresas”, sostiene el diputado.
Finalmente, Trotta plantea que el proyecto busca “evitar un daño estructural irreversible” sobre las capacidades productivas nacionales y sentar las bases para políticas de reconversión y desarrollo a partir del diagnóstico que elabore el COFE. “Sin políticas activas de acompañamiento, la apertura puede derivar en pérdidas persistentes de empleo y mayor desigualdad territorial”, concluye.