Mientras en la Cámara alta avanza un proyecto de la senadora Carolina Losada contra las falsas denuncias, que ya cuenta con dictamen, en Diputados un legislador de La Libertad Avanza presentó una iniciativa de contenido similar, con el objetivo de endurecer las penas previstas para quienes denuncien delitos inexistentes de manera deliberada. La propuesta reaviva una discusión sensible, en la que se cruzan la protección frente a acusaciones falsas, el funcionamiento del sistema penal y las garantías de acceso a la Justicia.

El proyecto, encabezado por el diputado Álvaro Martínez junto a otros integrantes del bloque libertario, propone modificar el artículo 245 del Código Penal. En lugar de la pena actualmente vigente —de dos meses a un año de prisión o multa—, habilita al juez a aplicar una sanción proporcional a la del delito falsamente denunciado, con una reducción en la escala mínima y máxima. De este modo, quien imputara en forma dolosa un hecho grave podría enfrentar una pena significativamente mayor que la actual.

En los fundamentos, los autores sostienen que existe una “desigualdad palmaria” entre el riesgo que corre una persona falsamente acusada y las consecuencias casi inexistentes para quien formula la denuncia. Señalan que en delitos con penas elevadas, como homicidios o abusos sexuales agravados, la mera imputación puede llevar a procesos largos, prisión preventiva y daños irreversibles, aun cuando luego no se pruebe el hecho. Frente a ese escenario, consideran que el castigo previsto para la falsa denuncia resulta desproporcionadamente bajo.

La iniciativa pone el acento en el componente doloso de la conducta. Para que se configure el delito, remarcan, debe acreditarse que el denunciante actuó sabiendo que el hecho era falso. Los legisladores reconocen que esa prueba no siempre es sencilla, pero advierten que la ausencia práctica de consecuencias alienta el uso del sistema penal con fines ajenos a la búsqueda de justicia, como venganzas personales o disputas privadas.

El texto también cuestiona ciertas dinámicas judiciales actuales. En particular, menciona que en algunos tipos de delitos se avanza con imputaciones severas aun con evidencias débiles o de carácter subjetivo, mientras que las denuncias falsas rara vez son investigadas con la misma intensidad. Esa asimetría, afirman, erosiona la confianza pública y desvía recursos del Estado hacia causas inexistentes, en detrimento de la persecución de delitos reales.

Los autores del proyecto reconocen una de las principales objeciones a este tipo de reformas: el temor a que una agravación de penas desaliente a víctimas genuinas a denunciar, especialmente en casos complejos donde la prueba es difícil de obtener. Sin embargo, sostienen que el eje está puesto en la intencionalidad y no en el resultado del proceso, y que una denuncia realizada de buena fe no debería dar lugar a sanción alguna.

La presentación en Diputados se inscribe así en una agenda legislativa más amplia. Con el proyecto de Losada avanzando en el Senado y una iniciativa análoga en la Cámara baja, la cuestión de las falsas denuncias vuelve a ocupar un lugar central en el debate penal. El desafío será encontrar un equilibrio entre desalentar abusos del sistema y preservar el derecho de las víctimas a recurrir a la Justicia sin temor a represalias.