El legislador de Frente Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto de ley para crear el “Régimen Provincial de Impulso a la Movilidad Eléctrica y Sostenible”, con una vigencia de diez años, que apunta a fomentar la inversión en infraestructura de carga, el desarrollo tecnológico y la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos.

“La iniciativa busca la estabilidad fiscal para quienes inviertan en el sector, al garantizar que no se incrementará la carga tributaria provincial durante ese período” dijo Lissalde.

En ese sentido, la norma crea un Certificado de Crédito Fiscal que “permitirá recuperar hasta el 30% de la inversión en cargadores de baja potencia y hasta el 50% en equipos de carga rápida o ultrarrápida” agregó.

En materia impositiva, el proyecto prevé la exención del Impuesto a los Sellos para contratos vinculados a la instalación de infraestructura de carga, y una reducción del 50% en Ingresos Brutos para el servicio durante los primeros cinco años.

Entre los beneficios para el transporte se incluye una bonificación del 100% del Impuesto Automotor para vehículos eléctricos destinados a la operación y mantenimiento de la red de carga.

Además, se establecen lineamientos para el desarrollo urbano, entre ellos la obligación de que los nuevos edificios incorporen preinstalaciones para cargadores en al menos el 20% de sus cocheras, junto con estándares técnicos que garanticen la interoperabilidad.

El segundo proyecto complementa el régimen y apunta a ordenar y ampliar la red de carga en la provincia.

La iniciativa prevé la creación de un sistema de información pública que permita identificar y geolocalizar los puntos de carga disponibles, a través de un mapa actualizado, así como herramientas para promover el desarrollo tecnológico y la expansión de la infraestructura.

“El principal desafío de la movilidad eléctrica radica actualmente en la disponibilidad de infraestructura de carga eficiente, especialmente para el transporte y la logística” finalizó el referente de Saladillo.