La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara baja un ambicioso proyecto de ley que busca establecer, por primera vez en la Argentina, un marco jurídico integral para la biología molecular, la biotecnología avanzada y la investigación biomédica. La iniciativa apunta a ordenar un sector clave para el desarrollo científico y productivo del país, hasta ahora regulado de manera fragmentada, y a fijar reglas claras tanto para la innovación como para la protección de los derechos de las personas.

El texto abarca desde la investigación básica hasta la aplicación clínica de terapias génicas y celulares, pasando por la regulación de biobancos, la edición génica, la biología sintética y el tratamiento de datos genómicos. Uno de los ejes centrales es el reconocimiento de la información genética como un dato personal sensible, con protección reforzada, y la prohibición explícita de cualquier forma de discriminación genética en ámbitos laborales, educativos o de seguros.

El proyecto también introduce una definición novedosa: declara a la diversidad genética de la población argentina como un patrimonio colectivo de interés público. En ese marco, se establecen límites estrictos a la apropiación privada de información genómica agregada y se incorpora una cláusula específica para evitar transferencias masivas de datos genéticos a actores extranjeros que puedan afectar la soberanía nacional. Al mismo tiempo, se mantiene la titularidad individual de los datos genómicos, garantizando el consentimiento informado, el derecho a revocar autorizaciones y el llamado “derecho al olvido genómico”.

En materia institucional, la iniciativa propone una arquitectura compleja. Designa al Ministerio de Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación, pero introduce un principio de “separación funcional” entre las áreas que regulan y las que promueven o financian, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Asimismo, crea una Comisión Nacional de Biología Molecular y Biotecnología Avanzada como órgano asesor independiente, con participación de científicos, organismos estatales, universidades, provincias y el sector productivo.

Otro punto destacado es la incorporación de mecanismos para agilizar la innovación sin relajar los controles. El proyecto prevé plazos máximos para dictámenes técnicos, con esquemas de silencio administrativo positivo para actividades de bajo riesgo, y la creación de un “sandbox regulatorio” que permita probar desarrollos biotecnológicos en entornos controlados antes de su aprobación definitiva. Para la diputada, esta combinación busca evitar tanto la parálisis burocrática como los atajos regulatorios.

La ley también tiene un fuerte componente de política científica y desarrollo económico. Contempla la creación de un fondo nacional específico para financiar investigación, formación de recursos humanos y capital semilla para startups biotecnológicas, además de incentivos fiscales y programas para repatriar investigadores. En esa línea, habilita la creación de Zonas Biotecnológicas Especiales, con beneficios regulatorios y tributarios, pero acompañadas por un fondo de compensación para reducir desigualdades territoriales y garantizar una mirada federal.

En el plano ético, el proyecto fija prohibiciones expresas, como la clonación humana reproductiva, la modificación de la línea germinal con fines reproductivos y la comercialización de muestras biológicas humanas. A la vez, regula de manera detallada el consentimiento informado, el funcionamiento de los comités de ética y el uso secundario de datos genómicos en investigación, incluso para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud.

Con más de 160 artículos, la iniciativa se presenta como una ley marco, pensada para dialogar con futuras normas específicas sobre edición génica humana o inteligencia artificial. Según sus fundamentos, de aprobarse permitiría a la Argentina posicionarse como uno de los primeros países de la región —y del mundo— con una legislación integral en biotecnología avanzada, consolidando un sector estratégico sin resignar controles, derechos ni soberanía.