La gran mayoría de los expositores rechazó los cambios que propone la iniciativa de Federico Sturzenegger. Defensas a la Ley de Tierras Rurales y al RENABAP entre los invitados. Cuándo pasaría a la firma el texto y la posibilidad de que haya dos sesiones en el Congreso.
Foto: Comunicación Senado
Tras el cuarto intermedio solicitado la semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta se reunieron este miércoles para continuar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La gran mayoría de los expositores se pronunció en contra del avance de la iniciativa defendida por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Según supo parlamentario.com, el oficialismo está abierto a la incorporación de modificaciones que serán contempladas en la firma del dictamen. De esta manera, una fuente de La Libertad Avanza confirmó que, de no haber sorpresas, el despacho quedará listo el próximo miércoles 22 de abril en una nueva reunión plenaria de las comisiones que presiden Agustín Coto (cabecera) y Nadia Márquez.
A partir de ello, el Senado va a quedar habilitado a llevarlo al recinto el 29 de abril, jornada que coincide con la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista aún no han resuelto si la sesión será ese miércoles, o directamente el jueves 30 en convocatoria ordinaria.
Coto y Márquez llevaron las riendas de la plenaria que tuvo fuerte presencia opositora.
Dentro de la bancada oficialista, hay quienes señalan que una doble sesión en el Congreso dificultaría aún más los accesos al Palacio Legislativo y otros que opinan que le restaría la atención de los medios de comunicación por contraponerse con el informe de Adorni. Sin embargo, una alta fuente insistió con que las Cámaras son independientes y que no es mala idea hacerlo el 29. Se definirá una vez que el despacho esté firmado entre Patricia Bullrich y los jefes de bloques aliados.
Durante esta jornada que se extendió por más de siete horas, en representación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), el presidente Rodolfo Carrizo se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras y aseveró que “tenemos que defender la Argentina y que la tierra no sea un comodity”. En el mismo sentido, acusó a la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de ser “la decisión de entregar el territorio sin saber cómo y por qué”.
En el mismo sentido, cargó: “Creemos en la defensa irrestricta de la Nación Argentina y defender la patria es un principio histórico”. Si bien su intervención fue breve, agregó que “no debemos permitir que el beneficio que podrán hacer grandes grupos de la economía o latifundistas que quieren expropiar parte del territorio modificando la Ley de Tierras nos saquen un derecho”.
Camporista, el exdiputado nacional Santiago Igón (2015 - 2023) consideró: “Tenemos que darnos cuenta de que si toda esa tierra no podía ser vendida a estos capitales, y hoy podría, a partir de esta ley, desde el Estado estamos agrandando la oferta para que esas tierras valgan mucho menos”. Antes había mencionado que “ningún incendio fue ocasionado por un turista haciendo asado o por los mapuches porque, justamente, hay una cuestión inmobiliaria”, en alusión a los incendios forestales que azotaron la Patagonia durante enero y febrero del 2026.
Alineado con la postura de la oposición más férrea del Congreso, añadió que “no es casual y vienen a llevar adelante una cuestión que le fue frenada por la Justicia porque alguien les iba a hacer una denuncia”. Y afirmó que “la Argentina que viene necesita otras cosas y a esta ley no la necesitamos”. Concluyó al exigir “el tercio que le corresponde a Chubut por el Impuesto al Combustible para arreglar las rutas y darles la posibilidad a las economías regionales de resurgir”.
Comenzado el segundo bloque, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay –invitado de la senadora Patricia Bullrich- sostuvo que la propiedad privada “es uno de los elementos fundamentales del estado de derecho”, pero planteó pensar a qué se apunta con las soluciones legislativas que se impulsan: “¿A fortalecer a los grandes propietarios o a ver el modo en que se puede difundir la propiedad entre aquellos que no la tienen?”.
El abogado señaló que el proyecto “se orienta a fortalecer el derecho a la propiedad mediante la reducción de restricciones regulatorias, la mejora de los estándares de seguridad jurídica, y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales vinculados. La iniciativa resulta consistente con un enfoque inter institucional que prioriza la previsibilidad normativa, la protección de derechos individuales y la promoción de la inversión”.
Sin embargo, cuestionó que se generan dudas sobre la protección ambiental, urbanización de barrios populares y una mirada “poco contemplativa” del problema habitacional en el actual contexto económico.
“Me parece bien que se agilicen los procedimientos administrativos y judiciales, pero hay que ver cuáles son los objetivos. Me llamó la atención que usen el término ‘villa miseria’ pensé que estaba superado porque se habla de asentamientos y esto da un tono de lo que se persigue”, cuestionó.
Sobre tierras rurales, Sabsay indicó que “se propone la flexibilización del régimen de titularidad extranjera mediante la eliminación de topes cuantitativos, se inscribe en una lógica de inversión y tope y dinamización del mercado de tierras. La subsistencia y restricción respecto de estados extranjeros y la incorporación del criterio de evaluación por seguridad y soberanía nacional funcionan como salvaguardas institucionales. En este caso no se encuentran mayores inconvenientes”. Al respecto, planteó que “en la práctica hay que ver cómo se va a reglamentar porque es un marco muy general por ahora”.
Al referirse a los procesos de desalojo y reformas procesales, manifestó: “Estoy muy de acuerdo en el desalojo en aquellas experiencias nocivas que tuvimos con aquellos falsos mapuches que ocupaban tierras de propietarios absolutamente con título, pero, además, lo hacían de forma violenta y se han producido muertes. Me parece muy bien que se termine con un fenómeno tan irregular y nocivo”.
No obstante, indicó que “la reducción de plazos y garantía debe ser monitoreada en su implementación para evitar que se vea afectada el debido proceso”, y sugirió que se debe acompañar de políticas de vivienda para sectores vulnerables. “Debemos armonizar el derecho a la propiedad privada con los derechos sociales desde la Constitución”, expresó.
“El proyecto presenta avances en el derecho a propiedad, seguridad jurídica, eficiencia institucional lo que justifica una valoración general favorable. No obstante, se identifican dos áreas críticas: la política de integración socio urbana donde se recomienda un rol activo y coordinado; y la regulación del manejo del fuego donde se advierte un retroceso en estándares de protección ambiental que debe ser revisado”, concluyó.
El especialista en derecho administrativo, Mariano Marcucci, consideró que el proyecto “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado, en tanto, prevé la posibilidad de producir pruebas una vez que se expida el Tribunal. Asimismo, establece que el control judicial procederá en todos los casos y no solo en los de arbitrariedad. También tiene en cuenta el precio del bien y mecanismos de actualización”.
“Se prevé que el control judicial sea amplio, por lo tanto, el proyecto va a favor de las garantías de los particulares y avanza sobre el control judicial de las facultades discrecionales del Estado y debe ser celebrado en este punto. En este sentido avanza el estado de derecho y las leyes que avancen en el Congreso”, cerró.
El exfuncionario del ReNaBaP, Luciano Celsi, quien también es referente de barrios populares en Bariloche cargó apreciaciones en contra del Capítulo III que propone modificaciones y derogaciones a la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana): “Se está atacando a los más vulnerables y a los más marginados”. “¿Es la solución que necesita Argentina?”, cuestionó.
La derogación del artículo 15 del marco normativo sancionado en el 2018 propone, según palabras de Celsi, “la habilitación de los desalojos”. Enumeró, además, que la creación del RENABAP “benefició a 1.300 barrios populares, generó 320.000 puestos de trabajo, 25.000 lotes con servicio y asistió a más de 250.000 personas”. Sobre su provincia, destacó la construcción de 54 obras de infraestructura y más de 4.600 viviendas con acceso al agua, el gas y la red eléctrica.
“La Ley ReNaBaP trajo trabajo, dignidad y desarrollo”, sintetizó Celsi, quien aprovechó los minutos finales para fustigar al gobierno de Javier Milei: “El declive empezó en diciembre del 2023 cuando se dejaron de entregar certificados de vivienda familiar; luego se degradó la Secretaría en Subsecretaría y después en Dirección; y el 99,9% se desfinanció”. “Dimos un paso atrás tremendo e imagínense cómo están las personas mayores y los discapacitados en los barrios populares”, concluyó.
En su alocución la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, apuntó: “No es una ley de cuidado de propiedad privada sino una ley de transferencia de propiedad de los argentinos a intereses extranjeros, transferencias de ecosistemas a lobbies de especulación inmobiliaria. No es ningún cuidado de nada”.
“Esta ley complementada con la de Glaciares sumada a la eliminación de la Ley de Bosques configura un plan de despojo de la soberanía de la patria”, alertó Vilar y señaló que el proyecto propone saca un tope de la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras. “El artículo 35 pone a la venta el acceso al agua de los argentinos. Es un escenario catastrófico”.
También participaron Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados; Matías Oberlin Molina del Observatorio de Tierras; Juan Herrero de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra; Javier Inalaf, combatiente de Incendios Forestales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Rio Negro; Florencia Gómez del CEPPAS; el doctor Diego Morales del CELS; el ex vicerrector de la UBA, Jaime Sorín; y el doctor en Derecho Administrativo, Carlos Nielsen Enemark.
Sobre el final, Juan Ignacio Maquieyra, expresidente del Instituto de la Vivienda en la Ciudad, arrancó contando que había trabajado bien en su momento con Patricia Bullrich, siendo ella ministra de Seguridad de Cambiemos. Y planteó que “hoy no hay obras de integración social urbana. Hoy hay 5 millones de personas a las cuales no les estamos acercando lo básico: agua, cloaca, electricidad, en barrios en los cuales viven 1.700.000 chicos”.
“Yo puedo entender que alguien tenga algún enojo con alguien que en algún momento tomó una tierra. Lo que no puedo entender es que haya un enojo con un chico que hoy tiene 5 o 6 años y que vive en uno de estos barrios”, advirtió. Maquieyra aclaró que “cuando hablamos de desalojar, estamos hablando de 1.750.000 chicos que tienen menos de 12 años en estos 6.500 barrios. Y en particular nos preocupa que la ley, como está hoy, directamente deja en muchísima mayor vulnerabilidad a ese millón setecientos cincuenta mil chicos, porque la prohibición para desalojar esos terrenos desaparecería, con la ley como está hoy”.
Así que “desde TECHO -continuó- estamos para sentarnos con todas las fuerzas políticas para trabajar con todos los senadores y todos los equipos en nuestra mirada sobre el Capítulo III, porque no queremos que salga la ley como está planteada ahora, porque deja más desprotegidos a esos niños”. Agregó que “la discusión que por ejemplo hoy planteaba la senadora Bullrich con respecto al título de propiedad para mí es una discusión valida, pero no creo que valga la pena sostener que desaparezca la prohibición de desalojos que cambia la forma en la cual el Estado nacional tiene la responsabilidad principal por empujar la integración social urbana en estos barrios”.
Sobre el final, Patricia Bullrich aclaró que “ningún barrio va a ser desalojado. Eso es una locura. Pero con este modelo actual lo que se logra es la paralización; no se logra que el barrio avance”. Según la jefa del bloque oficialista del Senado, la forma de poder avanzar es a partir de dos conceptos que consideró fundamentales: “La propiedad privada total y absoluta en manos de cada uno de los propietarios. Y que aquellos barrios puedan construir una trama urbana distinta, porque aferrarse a algo que no ha dado resultado, que no genera la necesidad de mover aquellos lugares básicos para generar un cambio importante”.
Según Bullrich, el objetivo de la ley propuesta es “lograr la transformación de los barrios populares en barrios con todas las características de los barrios de nuestro país”.