El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Don Luis y Otro”, una iniciativa de exploración de litio en Salinas del Diamante que deberá ser ratificada por ambas cámaras para avanzar.
La administración de Alfredo Cornejo dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo minero al remitir a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en la zona de Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe. Con este trámite, el Ejecutivo busca la aprobación legislativa necesaria para habilitar el inicio de la etapa exploratoria.
La documentación técnica fue emitida por la Autoridad Ambiental Minera tras un proceso de evaluación que incluyó dictámenes especializados, consultas a organismos sectoriales e instancias de participación ciudadana, conforme a la normativa vigente. El proyecto es impulsado por la empresa mendocina El Jarillar, en asociación con la australiana Ampere Lithium.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que el envío de la DIA a la Legislatura se concretó luego de “un trabajo extenso de análisis”, en el que intervinieron múltiples organismos técnicos. Entre ellos, mencionó a la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, los municipios involucrados y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Según detalló la funcionaria, el procedimiento contempló además dos audiencias públicas realizadas en San Rafael y Malargüe, espacios en los que se recogieron observaciones de vecinos, sectores productivos y organizaciones sociales. Latorre sostuvo que el proyecto “cumple con lo establecido por la Ley 7.722 y por las normativas ambientales nacionales y provinciales”, uno de los puntos más sensibles del debate minero en Mendoza.
El emprendimiento se enmarca en la exploración de minerales de primera categoría y abarca una superficie superior a las 234.000 hectáreas. Para el Gobierno provincial, la iniciativa forma parte de una política orientada a diversificar la matriz productiva mendocina, en un contexto marcado por la creciente demanda global de litio asociada a la transición energética y a la electromovilidad.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo destacó que la DIA fue aprobada tanto por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental como por la Dirección de Minería, que determinaron que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para avanzar a la fase exploratoria. No obstante, la legislación vigente establece que la autorización plena está supeditada a la ratificación por parte de la Legislatura.
Antes de que el proyecto sea tratado por los legisladores, la Autoridad Ambiental Minera fijó un conjunto de condiciones ambientales de cumplimiento obligatorio. Entre ellas se incluyen la actualización de la línea de base ambiental; la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna; la presentación de planes de contingencia; la obtención de permisos sectoriales y la contratación de seguros ambientales.
El esquema también contempla exigencias vinculadas al control ambiental permanente, la gestión integral de residuos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del recurso hídrico. A esto se suma la elaboración de una línea de base social indígena, destinada a identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales en el área de influencia del proyecto.
Asimismo, el régimen de control prevé la presentación periódica de informes técnicos, la posibilidad de inspecciones sin previo aviso y la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos. La normativa obliga, además, a actualizar la evaluación ambiental del proyecto cada dos años, como condición para sostener su continuidad.