En medio de la controversia desatada por la difusión de créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos, un diputado del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a créditos y beneficios financieros estatales a funcionarios y legisladores nacionales mientras se encuentren en ejercicio de sus cargos.

La iniciativa presentada por Marcelo Mango apunta a prevenir conflictos de intereses, evitar situaciones de privilegio y resguardar la confianza pública, estableciendo una incompatibilidad ética temporal para quienes ejercen cargos electivos nacionales y funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo. El proyecto alcanza tanto a legisladores como a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas estatales y entes con participación estatal mayoritaria.

El texto establece que, durante el ejercicio de la función pública, los sujetos alcanzados no podrán solicitar ni acceder a créditos, préstamos, líneas de financiamiento, refinanciaciones, subsidios de tasa o cualquier otro beneficio financiero otorgado por bancos públicos o programas administrados, subsidiados o promovidos por el Estado nacional. La prohibición incluye también el acceso indirecto, a través de terceros o de personas jurídicas sobre las que ejerzan control o influencia decisiva.

Asimismo, el proyecto dispone que las solicitudes de crédito pendientes quedarán suspendidas hasta el cese efectivo de la función pública, y que las operaciones ya aprobadas y desembolsadas no podrán ser ampliadas ni mejoradas mientras dure el mandato. Cualquier acto administrativo que viole estas disposiciones será considerado nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.

En los fundamentos, el autor de la iniciativa subrayó que la discusión excede el plano penal o reglamentario y se inscribe principalmente en el terreno ético e institucional. “Aun cuando las operaciones se ajusten formalmente a una normativa vigente, la sola circunstancia de que funcionarios y legisladores accedan a créditos otorgados por una banca estatal bajo la órbita del propio Estado que administran genera una lesión objetiva a la confianza pública”, planteó.

El proyecto alude explícitamente a las recientes informaciones periodísticas y a las denuncias judiciales presentadas en relación con créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno nacional. Si bien remarca que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades penales, sostiene que la apariencia de trato preferencial o beneficio derivado del cargo resulta incompatible con los principios republicanos, aun cuando no se configure un delito.

“La democracia representativa exige no sólo legalidad, sino también ejemplaridad”, señala el texto, al tiempo que advierte que el acceso de funcionarios del poder a herramientas financieras estatales erosiona la credibilidad institucional y proyecta una sospecha de privilegio sobre todo el sistema político.

La iniciativa del diputado rionegrino se presenta como complementaria de la Ley de Ética Pública y aclara que no implica una privación definitiva del acceso al crédito, sino una restricción proporcional y razonable, limitada al tiempo de ejercicio de la función y circunscripta exclusivamente a instrumentos financieros del Estado.

Con este proyecto, desde Unión por la Patria se busca instalar un debate de fondo sobre los límites éticos del ejercicio del poder y la necesidad de separar de manera nítida el interés público del beneficio privado, en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a los privilegios de la dirigencia política.