El magistrado defendió su pliego ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública para continuar cinco años más en su cargo. El despacho fue avalado por oficialistas y aliados, mientras que UP no pudo firmar el rechazo porque no completó vocales.
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves en una audiencia pública en la que Carlos Mahiques se presentó para defender su pliego que prorroga por cinco años más el ejercicio de sus funciones como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras el magistrado exponía su defensa, el oficialismo junto con aliados pasó a la firma el dictamen. En tanto desde el interbloque de Unión por la Patria no pudieron firmar el rechazo por no completar vocales, reclamo que retrasó la exposición del juez unos 30' en un cruce que protagonizaron al inicio de la reunión las senadoras Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio.
“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo. Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura.
Al exponer, el magistrado recordó que el Senado le otorgó en el 2018 ocupar la vocalía 7 de la Cámara de Casación Penal y resumió: “Integro el sistema judicial en muchos fueros y todas las jurisdicciones desde 1974”.
“La propuesta del señor presidente y la decisión de este Cuerpo es justamente para que acceda, en función de lo establecido por el artículo 99 inc. 4 de la Constitución, a otros cinco años más en el ejercicio. Me siento con la determinación y voluntad. Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y esta vez ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018”, argumentó.
Mahiques remarcó que “la decisión incólume de este Senado es el motivo de esta audiencia y he venido a solicitar y a ponerme a disposición para que la decisión que tomen sea absolutamente participada en cuanto a mí”.
Al ser consultado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sobre las dos impugnaciones que recibió su pliego por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se defendió: “A la época que yo solicité mi traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal regía la doctrina y jurisprudencia constitucional de mucho tiempo atrás de presidentes como el caso del Juez Castillo, anteriores a la reforma del 94. Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”.
“El objeto de esta audiencia es convalidar una designación que este Cuerpo en ejercicio de sus potestades hizo en el 2018 y en este momento evalúan mi condición para ratificarme en ese cargo”, ratificó.
Al tomar la palabra, el senador rionegrino Martín Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”.
“La Corte Suprema establece que no seguir la secuencia para un nombramiento o designación definitiva es inconstitucional”, apuntó y agregó: “En la presidencia de Macri hubo traslados totalmente inconstitucionales e ilegales y el magistrado Mahiques es parte de ese selecto grupito. ¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”.
Al respecto, el juez se defendió y respondió: “No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”.
“Ustedes están evaluando mi prólogo es mi pasado. No va a encontrar ningún acto inapropiado, inadecuado, ni ético, ni judicial que tenga que ver con acepción de personas ni motivaciones ideológicas por un objetivo distinto a mi oficio que es decidir en justicia e interpretar y aplicar la ley. En el ámbito federal de desvaríos porque la justicia penal tiene una presencia demasiado protagónica y no debería ser así porque se corre el riesgo que los jueces se conviertan en actores políticos. Para eso no deberíamos exorbitar nuestra función y los jueces deben tener lealtad institucional”, expresó.
Mahiques manifestó: “De ninguna manera me hago cargo de haber servido a algún objetivo ideológico a la propia función que me encomendaron en los lugares que estuve desde hace 52 años. No me hago cargo de nada de lo que de imputatorio tiene”.
En otro tramo de la presentación fue consultado por el caso Lago Escondido y negó conocer al empresario Joe Lewis y aseguró que se trató de “un viaje de amigos que no financió ninguna empresa” y tampoco se pidió licencia.
Al ser consultado por el senador radical Maximiliano Abad sobre la aplicación el Código Penal y el sistema acusatorio, el magistrado contestó: “El sistema de enjuiciamiento denominado acusatorio es una opción política que el Estado argentino tomo e implica cambios en el modelo con una división de funciones donde el Ministerio Público tiene un protagonismo mayor y los objetivos del proceso se corresponden más por una construcción de la verdad”.
Por otro lado, el senador puntano Fernando Salino el preguntó por la baja de imputabilidad respecto de lo cual Mahiques expresó: “Es un tema que toca aspectos sensibles porque la simplificación lleve a que la primera respuesta sancionatoria sea la pena de prisión. En caso de menores hay una problemática muy grande en la situación sociocultural. No cuestionaría la baja de edad, pero hay que ser prudentes en dar respuestas proporcionadas y adecuar la legislación y el sistema sancionatorio que no esté regido solo por la reclusión. El Estado tiene que proporcionar los recursos en soluciones políticos criminales que contemple la problemática de la juventud y la calidad de la respuesta institucional”.