El Gobierno nacional decidió llevar la disputa por la reforma laboral directamente a la Corte Suprema de Justicia y presentó un recurso extraordinario de per saltum con el objetivo de revertir la suspensión de los principales artículos de la norma, dispuesta por un juzgado laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo.

La estrategia apunta a acelerar los tiempos judiciales en uno de los capítulos centrales de la agenda económica del oficialismo. El planteo fue presentado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, y busca que el máximo tribunal deje sin efecto la medida cautelar que frenó la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral sancionada por el Congreso.

La presentación recurría a una vía excepcional: el salto de instancia, que permite omitir tribunales intermedios y habilitar la intervención directa de la Corte cuando, según el planteo, está en juego una cuestión de gravedad institucional. Para el Ejecutivo, ese es precisamente el núcleo del conflicto.

En el escrito, el Gobierno sostuvo que el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, de primera instancia, “compromete instituciones básicas del sistema republicano” al suspender con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo. A su entender, la decisión judicial excede el interés de las partes involucradas y avanza de manera indebida sobre competencias propias del Congreso.

El recurso también reclama que, con su sola presentación, tenga efecto suspensivo sobre la cautelar vigente. El argumento central es que cada día de aplicación del freno judicial genera un daño “irreparable” a nivel nacional, al mantener en suspenso una reforma que el Gobierno considera clave para modernizar el mercado de trabajo y brindar previsibilidad jurídica.

En esa línea, la Procuración del Tesoro remarcó que el juez Ojeda no era competente para dictar una medida de alcance nacional sobre una ley federal y cuestionó la existencia misma de un “caso, causa o controversia” que habilitara su intervención. El escrito también puso en duda la legitimación de la CGT para promover la acción colectiva y criticó la supuesta falta de fundamentación sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma.

“El dictado de una medida cautelar con efectos erga omnes que suspende una ley del Congreso subvierte el régimen republicano de gobierno”, sostuvo el Gobierno en uno de los tramos más duros del planteo. Según la Casa Rosada, de no revertirse ese antecedente, quedaría abierto un precedente riesgoso para el conjunto del andamiaje legal.

La tensión judicial se da, además, en un contexto de puja de competencias entre fueros. En las últimas semanas, la jueza federal en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia y desplazó a la Justicia Nacional del Trabajo, al sostener que debía ser ese fuero federal el encargado de tramitar la acción impulsada por la CGT. Ese pronunciamiento dejó aún más en evidencia la fragmentación de criterios que rodea el futuro de la reforma.

Para el Ejecutivo, ese escenario refuerza la necesidad de una definición rápida y unificadora por parte de la Corte Suprema. Más allá del trasfondo técnico, la decisión del Gobierno de recurrir al per saltum coloca al máximo tribunal en una posición incómoda: deberá pronunciarse, de manera directa, sobre una de las leyes emblemáticas de la actual gestión y sobre los límites del control judicial frente a las decisiones del Congreso.

Mientras tanto, la reforma laboral continúa parcialmente congelada y su vigencia efectiva quedó atada a lo que resuelva la Corte. La apuesta oficial es clara: recuperar cuanto antes una pieza central de su programa económico, en medio de la resistencia sindical y de un frente judicial que, lejos de cerrarse, llegó ahora a la puerta del Palacio de Tribunales.