El máximo tribunal rechazó un planteo de la defensa por extemporáneo y dejó firme el avance de la causa contra la legisladora porteña, acusada de instigación al odio y actos discriminatorios. El expediente se originó por posteos realizados entre 2023 y 2024.
La Corte Suprema de Justicia destrabó el camino hacia el juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi al rechazar un recurso presentado por su defensa, por haber sido interpuesto fuera de los plazos legales. Con esa decisión, el máximo tribunal dejó firme la elevación a debate oral de la causa que investiga presuntos dichos antisemitas difundidos por la dirigente en redes sociales.
El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la queja presentada por la defensa y ratificaron la inadmisibilidad del planteo anterior. De este modo, quedó expedita la instancia de juicio en el expediente que encuadra los hechos como “instigación a la violencia y actos discriminatorios”.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante. El caso se centra en ocho publicaciones realizadas desde la cuenta verificada de Biasi en la red social X, entre noviembre de 2023 y enero de 2024, cuando la dirigente del Partido Obrero se expresó en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
En primera instancia, el juez federal Daniel Rafecas procesó a la legisladora al considerar que los mensajes excedían el marco de la libertad de expresión protegida constitucionalmente y podían constituir una incitación al odio contra la comunidad judía. Esa resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal porteña, que avaló el criterio del magistrado y sostuvo la continuidad del proceso penal.
La defensa de Biasi había insistido en que la causa implicaba una afectación a la libertad de expresión y había invocado la existencia de gravedad institucional, con la intención de que el caso fuera revisado por la Corte. Sin embargo, ese planteo no prosperó: el tribunal supremo entendió que el recurso extraordinario fue presentado fuera de término y, por lo tanto, no reunía las condiciones formales para ser analizado.
El expediente fue elevado a juicio a fines de diciembre pasado y quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. De avanzar el debate oral y en caso de una eventual condena, la legisladora podría enfrentar penas de hasta tres años de prisión, según lo previsto por la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios y la incitación al odio por motivos raciales o religiosos.
Con la decisión de la Corte Suprema, la causa quedó definitivamente encaminada hacia el juicio oral.