El senador de Fuerza Patria, Pedro Borgini, representó un proyecto de ley que propone modificar artículos centrales de la Ley de Protección de Vivienda Única y de Ocupación Permanente N°14.432.

En ese sentido, la reforma tiene como objetivo reforzar el encuadre constitucional de la ley, actualizar su redacción y regular el procedimiento de renuncia a la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble.

En los fundamentos, el legislador Borgini sostiene que la propuesta “no solo actualiza la terminología de la ley, ajustándola al Código Civil y Comercial, sino que también refuerza la competencia legislativa provincial en la materia”, y agrega que se busca “garantizar una comprensión cabal de los alcances del acto de renuncia por parte del propietario”.

Asimismo, el proyecto propone introducir modificaciones en la ley con el objetivo de mejorar su aplicación y evitar interpretaciones ambiguas.

“El cambio principal se centra en establecer que la renuncia a la protección de la vivienda solo podrá realizarse mediante escritura pública o acta notarial, con información previa, clara y completa sobre sus efectos. De este modo, se busca reemplazar prácticas actuales que admiten instrumentos privados con formulaciones imprecisas” agregó.

La iniciativa beneficia principalmente a los titulares de vivienda única y a su grupo familiar, al garantizar que cualquier decisión de renunciar a la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble sea adoptada con pleno conocimiento de sus consecuencias.

También, la reforma alcanza a cónyuges y convivientes, al exigir su asentimiento y prever la intervención judicial en casos de oposición, ausencia o incapacidad.

Según se desprende de los fundamentos, la propuesta apunta a evitar situaciones en las que la falta de información o de regulación derive en decisiones que contradigan el espíritu protector de la norma. La intervención notarial se plantea como un mecanismo para asegurar asesoramiento jurídico, otorgar fe pública y transparentar el acto de renuncia, equilibrando la protección de la vivienda con la posibilidad de realizar operaciones legales que requieran su afectación como garantía.