La presentación fue llevada a cabo por Sebastián Amerio, procurador del Tesoro Nacional. El Gobierno pide la suspensión de los artículos vinculados a recomposición salarial docente y actualización de becas que lo obliga a girar 2.5 billones de pesos.
La Procuración del Tesoro Nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para eludir el fallo de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei e insistida por el Congreso de la Nación.
El fallo judicial obliga al Gobierno a girar 2.5 billones de pesos a las 56 casas de altos estudios de jurisdicción nacional. El recurso per saltum fue presentado por Sebastián Amerio, quien llevó el pedido para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 que establecen la recomposición salarial al personal docente y no docente; y la actualización automática de las becas estudiantiles.
A pocos días de cumplirse de dos años de la marcha federal universitaria que movilizó a un millón de personas del Congreso a Plaza de Mayo el 23 de abril del 2024 cuando se iniciaba el conflicto presupuestario, la comunidad estudiantil ha anunciado una nueva movilización con fecha a determinar. De todos modos, las medidas de fuerza han continuado periódicamente durante estos dos años.
El cuestionamiento planteado desde Casa de Gobierno al fallo de la Cámara III es sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del decreto 759/2025. El pedido es para solicitar el efecto suspensivo de los giros presupuestarios, los cuales obligan al Gobierno a transferir los montos desde las 9.30 de este viernes.
En el Gobierno, señalaron que "la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal", y reiteraron las críticas al fallo por considerar que genera "un grave e irreparable perjuicio al Estado” con la imposición del cumplimiento de los giros establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en el 2025
Apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que reclamaron por un incremento en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a un millón de personas de la comunidad universitaria a Casa de Gobierno.
La comunidad universitaria llenó la Plaza de los dos Congresos y marchó a Casa Rosada.
A partir de eso, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados impulsaron una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 12 de septiembre del 2024, pero terminó siendo vetada por Javier Milei y desechada en su insistencia ante el blindaje logrado el tercio compuesto por La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior (radicales peluca hoy en el oficialismo) y monobloques de Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Sin embargo, en el 2025, año de elecciones legislativas, la oposición representada en Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda logró emplazar una nueva Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 21 de agosto del 2025 en el Senado.
Nuevamente Javier Milei vetó el proyecto de ley de recomposición salarial docente y actualización de becas estudiantiles, pero esta vez la oposición en ambas cámaras aprobó la insistencia de la ley: Diputados rompió la barrera de los dos tercios con 174 votos a favor; y el Senado dejó firma la iniciativa el 2 de octubre con 58 votos afirmativos.
El Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 por medio del decreto 759/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde ese día, la ley comenzó otro camino en la Justicia.
El último intento legislativo por derogar la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional fue a través del Presupuesto 2026. En el Capítulo XI de la "ley de leyes" se disponía la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y Sanitaria en el Hospital Garrahan. La propuesta se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.