Los funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado irán a explicar los alcances de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta. Cuándo será llevada al recinto. La lista con los marcos regulatorios del proyecto.
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Tal como adelantó parlamentario.com, fue convocado para el próximo martes 21 de abril a las 15.00 el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocida como "Hojarasca". El plan de La Libertad Avanza es terminar la semana con la media sanción aprobada.
La convocatoria contará con la presencia del secretario de de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña; y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. Una vez que concluya la exposición de ambos funcionarios, las autoridades del plenario, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, pasarán el despacho a la firma.
Como adelantó, también, este medio, la sesión especial será solicitada por el bloque oficialista para el miércoles 22 de abril. Al igual que con la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, la cita en el recinto será monotemática aunque se prevé un trámite extenso en las votaciones particulares.
De esta manera, La Libertad Avanza planifica un tratamiento expeditivo en la Cámara de Diputados al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Cabe recordar que el texto se presentó dos veces: la primera fue el 11 de octubre del 2024 con giro, también, a Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nunca comenzó a debatirse.
Las leyes que se proponen derogar, divididas en seis grupos
Dentro de la clasificación que estableció el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el primer conjunto de leyes a derogar son aquellas que han sido “superadas por normas posteriores”.
Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes fue prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 18, con lo cual se considera “absurdo mantener” esta ley que “ha perdido vigencia”.
Ley N° 3.863 (1899). Otorga a las compañías de seguro sobre riesgos agrícolas beneficios impositivos por 10 años y está en línea con artículos del antiguo Código Civil y Comercial. “Actualmente carece de sustento normativo”, afirmaron desde el PEN.
Ley N° 16.789 (1965). Es la que establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional deberán adquirir automóviles destinados a su servicio que sean de industria nacional.
Ley N° 17.557 (1967). Rige la provisión, instalación y utilización de equipos destinados a la generación de rayos X, que fue superada por la Ley 26.906.
Ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Fue superada por la Ley 26.364, sobre trata de personas.
Ley N° 20.843 (1974). Es la Ley de “Padrinazgo Presidencial”. El proyecto prevé, en su artículo 2, que las personas que ya sean beneficiarias podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios.
Ley N° 21.778 (1977). Faculta a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos. “Esta ley devino obsoleta por las normas dictadas ulteriormente, en particular las modificatorias de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos”, señaló el PEN.
Ley N° 22.109 (1979). Sobre aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación. Esta norma ha sido superada por la Ley N° 27.491.
Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras. Esta norma dejó de aplicarse, ya que fue perfeccionada por legislación posterior.
Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por la Corte Suprema, mediante la Acordada N° 60/96.
Dentro del segundo paquete de leyes diseñado por el Poder Ejecutivo se encuentran aquellas que se volvieron “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”.
Ley N° 448 (1870). Otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón. “El carbón mineral es una de las fuentes de energía más contaminantes que existen; por lo tanto, su uso debe ser desalentado, no premiado”, afirma el Gobierno.
Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Los montos están desactualizados y en moneda desactualizada.
Ley N° 16.879 (1965). Concede una exención de impuestos a las ventas, de recargos de importación y reintegros impositivos a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. “Es un esquema tributario que no ha tenido aplicabilidad práctica”, consideró el PEN.
Ley N° 18.569 (1970). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en el Comando en Jefe del Ejército. “Hoy día, se ha convertido en algo totalmente arcaico que ha sido reemplazado por medios digitales más eficientes”, apuntaron desde la cartera de Sturzenneger.
Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional, entre otros, a la prospección, exploración, el desarrollo minero y la explotación de carbón mineral. “Hoy, lejos de ser de interés nacional, lo que se busca es ‘descarbonizar’ la economía”, se indicó en los argumentos.
Ley N° 20.114 (1973). Autoriza al Comando en Jefe de la Armada a utilizar procedimientos de microfilmación.
Ley N° 20.577 (1973). Considera de interés nacional toda innovación que pueda efectuarse en materia de sistemas de transmisión de imágenes televisivas.
Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color. “Ya existe un marco normativo moderno en materia de comunicaciones que la torna innecesaria”.
Ley N° 23.756 (1989). Autoriza al Poder Ejecutivo a habilitar a todos sus organismos a utilizar la microfilmación.
El tercer conjunto de leyes son aquellas que considera desde el Gobierno “afectan libertades individuales”.
Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que propicien la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado.
Ley N° 18.312 (1969). Crea el “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa”. “Esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión”, remarcó el PEN.
Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declara de interés nacional la difusión de la “música argentina”.
Ley N° 20.120 (1973). Esta ley, también durante el gobierno de facto de Lanusse, regula el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.
Ley N° 20.802 (1974). Crea un carnet de mochilero. Fue puesta en marcha en el contexto de subversión. Sigue vigente, sin aplicación, y va en contra de la libertad constitucional de transitar.
Ley N° 20.959 (1975). Derecho de libre circulación y libre estacionamiento para senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley”, se enfatizó desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
Ley N° 20.983 (1975). Los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar espacios diarios para desarrollar temas de interés turístico nacional. “Esta norma no se aplica desde hace años y la temática está regulada a través de la Ley N° 26.522”.
Ley N° 22.875 (1983). Implementa medidas de defensa nacional, originadas por la vulnerabilidad del potencial productivo nacional, cuyo funcionamiento entiende puede ser perjudicado en caso de ataque exterior.
Ley N° 22.964 (1983). Se propone la derogación de los artículos 6, 7 y 8. Disposiciones aplicables en todo el país con el fin de controlar la endemia de lepra. “Esta norma, de corte netamente medieval, no solo estigmatiza una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitucional Nacional”, por eso “deben derogarse los artículos que permiten la internación forzosa, siendo incomprensible que hoy en día continúen vigentes”, fundamentó el PEN.
En la cuarta categoría de normas aparecen aquellas “cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización”.
Ley N° 14.041 (1951). Autoriza al Poder Ejecutivo a proceder a la formación de un acopio permanente de artículos, materiales y elementos para atender las necesidades y aprovisionamientos de la Marina de Guerra. Esta ley ha dejado de tener operatividad, máxime cuando el acopio de material bélico es una potestad propia de la Administración.
Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares a la propiedad demolida.
Ley N° 17.752 (1968). Declara promovida la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. “Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación”, dijo el PEN.
Ley N° 19.340 (1971). Esta ley obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
Ley N° 19.363 (1971). Establece que el Poder Ejecutivo puede sortear premios entre los compradores de boletos de cine.
Ley N° 20.308 (1973). Esta ley crea el Fondo Naval Fomento Actividades Náuticas. El PEN aseguró que “su uso se ha discontinuado hace años”.
Ley N° 20.496 (1973). Declara de interés nacional la promoción del uso de fertilizantes, autorizando al organismo de aplicación para proceder a la importación de los distintos fertilizantes elaborados en cualquiera de sus formas.
Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura y prohíbe la introducción de capital extranjero para la producción apícola. Dicha prohibición quedó derogada de hecho cuando se derogó la Ley N° 20.557 de radicaciones extranjeras.
Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir fotos, láminas y afiches para promover el turismo nacional e internacional.
Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales.
Ley N° 21.159 (1975). Crea un curso de formación turística destinado al personal de la Administración Pública Nacional.
Ley N° 22.426 (1981). Regula los contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras.
Ley N° 22.963 (1983). Se propone la derogación de sus artículos 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; y la modificación del 1 y 17. Conocida como Ley de Carta (cartografía oficial). Esta ley sancionada por el presidente de facto Reynaldo Bignone regula el funcionamiento del actualmente denominado Instituto Geográfico Nacional, órgano encargado de la confección de mapas oficiales.
Ley N° 23.419 (1986). Establece un régimen legal sobre el uso de subsuelo-exploraciones para empresas y sociedades del Estado.
Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la cunicultura -cría de conejos- y crea la Comisión Nacional de Cunicultura.
Ley N° 24.057 (1992). Impulsa al Poder Ejecutivo a la creación de “asociaciones civiles para problemas de hábitat”. Afirman que “nunca fue reglamentada”.
Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y en la Administración Pública.
Ley N° 24.298 (1994). Crea el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior.
Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”, el que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia.
Ley N° 25.750 (2003). Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- “restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares”, señaló el PEN.
Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud con la misión de colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud.
Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. “Es una ley primordialmente declamativa”, consideró el ministerio que conduce Sturzenegger.
Ley N° 27.171 (2015). Establece que la Federación Colombófila Argentina debe constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo. “Constituye una sobrerregulación de una actividad tan inocua como las competencias de palomas”.
En el quinto listado de leyes se encuentran aquellas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos.
Ley N° 11.245 (1923). Fija las tarifas a percibir por la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que en la actualidad no existe.
Ley N° 11.380 (1926). Autoriza al Banco de la Nación Argentina a ampliar los plazos de préstamos a las sociedades cooperativas, sobre la base de una ley derogada hace 50 años.
Ley N° 12.307 (1936). Establece premios a la pintura y literatura, que tienen que otorgarse sobre la base de la elección de institutos que no existen en la actualidad.
Ley N° 13.521 (1949). Exceptúa del pago del impuesto de sellos y de todo otro impuesto, tasa o contribución a las gestiones administrativas y judiciales necesarias para obtener el reconocimiento de excepciones al servicio militar.
Ley N° 14.578 (1958). Crea el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que en la actualidad es un Fondo sin recursos.
Ley N° 17.584 (1967). Crea el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, el que hace años dejó de existir.
Ley N° 20.085 (1973). Instituye el sistema “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”. “El proyecto nunca superó la etapa de los estudios de pre-factibilidad, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la norma”, apuntó el PEN.
Ley N° 20.299 (1973). Tenía por finalidad que el Estado garantizara las exportaciones de los particulares, en un esquema de comercio exterior de profunda intervención pública.
Ley N° 20.327 (1973). Establece a “Ediciones Culturales Argentinas” como un organismo de carácter descentralizado dependiente del área de Cultura.
Ley N° 20.543 (1973). Esta ley establece que los arrendatarios y aparceros que adquieran un predio que estaban locando, de entre una y dos unidades económicas, obtendrían créditos y otros beneficios. Hace tiempo que estos beneficios no están disponibles, ni siquiera en el sector financiero público.
Ley N° 20.956 (1975). Determina que por intermedio de la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica se procedería a iniciar estudios e investigaciones para establecer un plan de aprovechamiento energético de las mareas en el litoral marítimo del país. La empresa ya no existe.
Ley N° 23.671 (1989). Crea el Comité de Análisis y Seguimiento de la asignación de los recursos crediticios previstos en el “Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Argentina y el Reino de España”.
Ley N° 24.731 (1996). Establece que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos elaboraría y publicaría un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
Decreto Ley N° 12.795/44. Determina que la inexistente Comisión Nacional de Granos y Elevadores no inscribiría en el Registro de Comerciantes en Granos y excluiría del mismo a ciertas sociedades.
Decreto N° 1.262/03. Crea la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero. Este organismo, creado luego de la crisis del año 2002, ha dejado de existir.
Finalmente, en el sexto lugar hay dos leyes que se proponen modificar, más no derogar en su totalidad, y son las que tienen que ver con “organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales”.
Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Se busca derogar los artículos 3 y 11 y sustituir el 8, para eliminar el financiamiento estatal. “Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo, con sus propios fondos”.
Ley N° 24.807 (1997). Esta ley crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone sustituir el artículo 11 para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.