Un diputado de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que propone llevar la inversión educativa al 8% del PBI, restituir fondos clave como el FONID y modificar la legislación vigente para garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase en todo el país.
El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó en el Congreso un proyecto denominado “Financiamiento Educativo. Régimen. Modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, estableciendo un piso mínimo de días de clase”, que propone un nuevo esquema de inversión pública en educación con metas progresivas hasta 2036.
La iniciativa establece que el gasto consolidado en educación de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá alcanzar, como mínimo, el 8% del Producto Bruto Interno, con una distribución del esfuerzo del 70% a cargo del Estado nacional y del 30% restante a cargo de las jurisdicciones subnacionales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del artículo 1° de la Ley 25.864, fijando un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los niveles inicial, primario y secundario en todas las modalidades educativas. El objetivo es garantizar continuidad pedagógica y condiciones más equitativas de enseñanza en todo el territorio.
El texto también restablece la plena vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, elimina su carácter transitorio y dispone la reanudación de las transferencias a las provincias. Además, prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación parlamentaria, universitaria y sindical, encargada de monitorear el cumplimiento de las metas.
Entre las políticas prioritarias, el proyecto incluye la universalización del nivel inicial desde los tres años, la ampliación de la jornada escolar, el fortalecimiento de la educación técnica, la provisión de libros y dispositivos tecnológicos bajo la modalidad “uno a uno”, la garantía de la Educación Sexual Integral y el refuerzo de los sistemas de becas en todos los niveles.
En los fundamentos, Mango advierte que el país atraviesa un proceso de desfinanciamiento educativo y sostiene que la educación debe ser entendida como una inversión estratégica para el desarrollo económico, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del sistema democrático. La iniciativa busca, en ese sentido, restablecer compromisos legales claros y sostenidos que no puedan ser modificados por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.